CSIF pide a la dirección provincial del INSS rescindir la adjudicación a la nueva empresa de seguridad
-El contrato firmado el 20 de noviembre entra en vigor el 1 de enero y es un escándalo porque reduce hasta en un 40% los salarios del convenio estatal

-Sorprende que no se actúe con ejemplaridad contra empresas de bajo coste que incumplen sistemáticamente la legislación laboral

10 de Diciembre de 2017

El Sector de Empresa Privada del sindicato CSIF en Ciudad Real denuncia que pese a que pidió con suficiente antelación a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que evitase la adjudicación del contrato de seguridad en sus centros de trabajo en la provincia a la empresa Marsegur, por el cúmulo de incumplimientos a sus trabajadores y por la aplicación de su convenio de empresa en vez del convenio estatal de esta actividad, con el fin de rebajar los salarios de sus empleados, llegando a pagar hasta un 40% menos del convenio del sector, y pese a que estos también habían mostrado su disconformidad y gran preocupación por esa posible adjudicación, los gestores de esta dirección provincial se limitaron a echar balones fuera y hacer recaer toda la responsabilidad en los órganos directivos de Madrid, lavándose las manos en un asunto donde deberían haberse implicado mucho más, a la vista de los escándalos de la citada empresa y del alarmismo que provocaba en los empleados.

Por ello, el contrato fue adjudicado el 20 de noviembre a la empresa Novosegur, filial de Marsegur, creada con todo descaro para sortear el posible veto a la matriz, ya que en otras provincias sí se ha excluido a estas empresas en la adjudicación del contrato, por lo que CSIF considera que el director provincial del INSS y de la TGSS de Ciudad Real queda en clara evidencia por falta de talante y de una mínima empatía con esos trabajadores que, si bien no son subordinados suyos, sí comparten su jornada de trabajo en las mismas instalaciones. Además, siendo un gestor del ministerio de Empleo se le debe suponer una mayor sensibilidad a los problemas del ámbito laboral e implicarse mucho más en las condiciones laborales y económicas de cualquier colectivo de trabajadores que se vean amenazados por prácticas abusivas.

Ante esta situación, CSIF solicita que se dé marcha atrás antes del 1 de enero de 2018 a este contrato, cuando entra en vigor la nueva adjudicación, que supone un escándalo y la crónica de un incumplimiento anunciado, a la vez que hace un llamamiento a la cordura, a los principios que inspiran nuestro Estado democrático, social y de Derecho para la instauración de un Estado de bienestar que no es posible con esta permisividad y laxitud de algunas instituciones con depredadores del empleo y de la normativa laboral

CSIF recuerda que el fraude laboral y el fraude fiscal son dos graves losas que están lastrando nuestra economía, nuestro crecimiento y competitividad como país. Es el aumento en la recaudación de las cotizaciones lo que puede ayudar a hacer viable nuestro sistema de pensiones, por ello sorprende que tanto desde los organismos superiores del ministerio de Empleo como desde algunas direcciones provinciales, como la de Ciudad Real, no se actúe con total contundencia y ejemplaridad contra empresas de bajo coste, que incumplen sistemáticamente la legislación laboral y un bien ejemplo de ello son los casos de abusos laborales a vigilantes que los servicios jurídicos de CSIF atienden y defienden ante los tribunales.

Evitar la explotación

Por otra parte, CSIF informa de que el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a recuperar la prevalencia del convenio sectorial, que se integre en la redacción de las cláusulas de los contratos y se impulse una contratación socialmente responsable, todo ello a fin de evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada. ¿A qué esperan pues en el ministerio de Empleo para implementar estas propuestas que son un clamor de toda la sociedad?

Por último, el sindicato CSIF espera notables avances con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos el 9 de marzo de 2018, que traspone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en esta materia y que establece, entre otras mejoras, la limitación del uso por criterios de precio.