Repunta la violencia en las cárceles españolas: cada dos días se produce una agresión a funcionarios
- CSIF se ausenta de los actos de celebración de “La Merced” en protesta para exigir el refuerzo de plantillas y un protocolo contra las agresiones
- Solo hasta septiembre se han producido cerca de 200 agresiones, más que en todo el año pasado
- Instituciones Penitenciarias eleva a 34,6 millones la inversión en seguridad privada, pero descuida las plantillas de sus funcionarios
23 de Septiembre de 2016

Instituciones Penitenciarias celebra hoy la festividad de ‘La Merced’, patrona de la institución, pero lamentablemente los funcionarios no están para fiestas. En lo que va de año, se han producido al menos 200 agresiones de internos al personal funcionario (44 graves), superando ya la cifra de incidentes violentos que se registraron el año pasado.

Esto supone una agresión cada dos días, una estadística inaceptable. Por eso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado y en Instituciones Penitenciarias, ha decidido ausentarse de la celebración de ‘La Merced’ en protesta para exigir una oferta pública de empleo urgente que permita reforzar las plantillas y la aplicación de un protocolo de prevención de las agresiones.

Paradójicamente, prisiones carece de este protocolo que ya se está aplicando en otros ámbitos de nuestra Administración. CSIF ha elevado una propuesta de protocolo, pero aún estamos esperando a que se decidan a aplicarlo.

Por otra parte, mientras se descuidan las plantillas en la Administración Penitenciaria, el Gobierno refuerza la seguridad privada. Según datos recabados por CSIF, La contratación del servicio de seguridad privada en los centros penitenciarios para los próximos años tendrá un valor estimado de 58 millones de euros y un importe máximo de licitación de 34,6 millones, que contrasta con los 33,3 millones que se destinaron en 2014 y 2015, cuando se inició el proyecto de privatización.

CSIF rechaza esta nueva partida de gasto en seguridad privada (autorizada el pasado 19 de agosto, en periodo vacacional) destinado a la empresa de seguridad privada que presta apoyo en los 67 centros penitenciarios empleando a más de 900 personas.

Desde el respeto y la comprensión a las personas empleadas en empresas de seguridad privada, que no son responsables de esta situación y que además prestan su labor en condiciones de precariedad, CSIF rechaza este incremento en la inversión, teniendo en cuenta que Instituciones Penitenciarias descuida las condiciones laborales y el volumen de las plantillas de sus propios funcionarios.

Y es que, según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos 10-15 años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.

Además, en los últimos 3 años, se ha producido una merma de 904 efectivos (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013). En este sentido, CSIF reclama un plan de recursos humanos para diseñar una oferta de empleo público a varios años y un decreto que permita ampliar la oferta de empleo para 2017, teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra en funciones.

LA SEGURIDAD PRIVADA

CSIF fue el primer sindicato que alertó en julio de 2012 sobre la introducción de la vigilancia privada en los Establecimientos Penitenciarios. Como ya tuvimos la ocasión de expresar en su día a los responsables del Ministerio del Interior, muestra su total disconformidad con esta privatización

- Porque representa una apuesta por la privatización de servicios públicos esenciales (externalización que no es necesariamente un sinónimo de ahorro, calidad, eficacia y eficiencia).

- Porque según denuncian los propios trabajadores del sector de la vigilancia privada la situación en la que se encuentran es muy precaria lo que podría afectar a la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios,

- Porque no supone ningún ahorro para las arcas públicas el sustituir, por ejemplo, un guardia civil por un vigilante privado.

- Porque el mero hecho de la vigilancia de establecimientos públicos por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya es seguridad ciudadana y, si lo que se pretende es potenciar ésta, debería convocarse más empleo público.

  • Porque la garantía disuasoria, preventiva, …, que representa las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas como responsables de la seguridad exterior de los Centros Penitenciarios, no se puede igualar a cualquier otro sistema, por muchas que fueran las bondades que se prediquen del mismo.

Hoy es la seguridad perimetral de los centros penitenciarios, ¿mañana que nuevo servicio público se privatizará?

Anexo. Violencia en Instituciones Penitenciarias.

Hasta septiembre de 2016, se han producido al menos 200 agresiones y en los últimos diez años, la cifra se eleva a más de 2.000. Estas cifras han sido recabadas por los delegados de personal de CSIF y a través de informaciones de los medios de comunicación, dado que el Ministerio de Interior no facilita los datos

La administración penitenciaria merece capítulo aparte por sus especiales características y el perfil de los internos con los que se relacionan a diario los funcionarios de prisiones.

En las prisiones de España tenemos los índices más altos de agresiones a Empleados Públicos de toda la Administración General del Estado, donde año tras año se incrementan sustancialmente sin que la Administración Penitenciaria ponga las medidas necesarias para reducir esta situación.

En el medio penitenciario, no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención, que es desde donde tenemos que abordar esta lacra, a lo que se suma las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta personal (la excesiva ratio de internos por módulo) y la ausencia de ofertas públicas de empleo.

En este sentido, reclamamos la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas. CSIF ha presentado esta reclamación a la Defensora del Pueblo.

Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación.

El protocolo nos permitiría actuar sobre las variables que generan el incremento de la violencia que, para CSIF son fundamentalmente:

  • La falta de personal. En la actualidad, hay 3.400 plazas vacantes entre bajas vegetativas (jubilaciones, defunciones, incapacidad o excedencia) y plazas no cubiertas por la práctica ausencia de oferta de empleo público. Y es que, entre 2011 y 2014, solo se han ofertado 174 plazas.
  • La sobre ocupación. CSIF estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140 por ciento de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia. En la actualidad, la media de ocupación es de 150 internos por módulo (cuando el ideal serían en torno a 70) de los que se ocupa uno o dos funcionarios.
  • El envejecimiento de la plantilla. El 38 por ciento de los funcionarios tienen más de 50 años y uno de cada tres está a punto de jubilarse.
  • La falta de plantilla de Psiquiatría. En torno al 45 por ciento de la población reclusa tiene alguna patología psiquiátrica y pese a ello los centros carecen de personal de psiquiatría de carrera. Únicamente hay visitas de psiquiatras 2 o tres veces al mes.
  • La falta de formación específica en determinados perfiles de presos, como los de carácter yihadista.

Por tanto, desde el departamento de Prevención de CSIF, exigimos a la Administración Penitenciaria que cumpla con la legislación vigente y garantice la seguridad y salud de los trabajadores penitenciarios, integrando en el protocolo que se nos quiere excluir, a los 23.222 trabajadores de la Administración Penitenciaria.

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