CSIF denuncia que la contratación de ocho asesores esconde una política de privilegios
-Esta mañana se ha aprobado una RPT con la expresa finalidad de contratar personal eventual al servicio de los nuevos cargos de Podemos
30 de Agosto de 2017
Esta mañana se ha consumado la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la evidente finalidad de contratar a ocho asesores para la nueva Vicepresidencia del Gobierno regional, que ostenta el secretario regional de Podemos, José García Molina, y para la consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, también de Podemos.

Contra esta medida, CSIF se postuló inmediatamente y hoy, nuestros representantes en la Mesa de Personal Funcionario han vuelto a mostrar el firme rechazo a estos privilegios y actitudes, que además ha sido compartido por el resto de organizaciones sindicales. El Gobierno regional se parapeta esgrimiendo que la Vicepresidencia segunda y consejera de Plan de Garantías Ciudadanas, que no cuentan con estructura propia, tendrán el mismo número de asesores que el resto de consejerías.

Reprobamos que haya impedimentos y dificultades para la recuperación de los servicios públicos y las condiciones de sus trabajadores, recortes del anterior gobierno que iban a ser revertidos, y no haya obstáculos para estos abusivos privilegios.

CSIF mostró ayer, inmediatamente, su desacuerdo sobre la contratación de estos ocho asesores, denunciando que el coste para las arcas públicas será de 424.116 euros (los dos jefes de gabinete cobrarán 57.000 euros y cada uno de los seis asesores 51.686 euros), lo que supone una política clientelista, con el agravio comparativo de sus excesivas remuneraciones con respecto a los exiguos y recortados sueldos de empleados públicos y trabajadores en general.

Estos ocho asesores son de libre designación y no se requiere formación ni experiencia acreditada en el trabajo a realizar por lo que, desde CSIF, señalamos el carácter pernicioso de esta práctica, reiterada por los gobernantes, que rompe principios básicos de igualdad en el acceso a la función pública. Actualmente, la Consejería de Presidencia mantiene 59 asesores, cuya utilidad no está acreditada.

PSOE y Podemos, con esta medida, vienen a demostrar y consolidar el arraigo de 'la casta', contra la que decía luchar la formación morada, haciendo bueno el refrán de “una cosa es predicar y otra, dar trigo”.