La Defensora del Pueblo atiende la reivindicación de CSIF y reclama al Gobierno que amplíe el empleo público y revise los recortes
27 de Febrero de 2015

- Los empleados públicos deben participar de la incipiente recuperación económica

- CSIF reclama una reunión urgente a Hacienda para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo considera que las diferentes administraciones públicas deben revisar sus políticas de restricción económica y ampliar y mejorar las condiciones de acceso al empleo público, tal y como ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de manera reiterada, a lo largo de los últimos años.
CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, coincide con la Defensora del Pueblo en que los empleados públicos y la gestión de las políticas de servicios deben ir en consonancia con la incipiente recuperación económica que se apunta por parte del Gobierno.
De esta manera, la Defensora considera que se deben mejorar las expectativas de empleo público y que las ofertas de empleo tengan una razonable previsibilidad y periodicidad que evite la incertidumbre actual de quienes se forman para obtener un empleo o plaza en este sector.
En este sentido, recuerda, tal y como ha denunciado CSIF que, desde el último trimestre de 2011 se ha producido una reducción del empleo público de casi 400.000 efectivos, buena parte de ellos en el ámbito de la educación y de la sanidad. “Indicios diversos apuntan a que se ha superado la fase más aguda de la crisis económica en los últimos años y tal circunstancia debería reflejarse en este ámbito de empleo, que no solo tiene importantes repercusiones en el ámbito económico y social, sino también en la calidad y suficiencia de los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos”, recalca el informe.
El informe también se hace eco –en el capítulo dedicado a actividad de las Administraciones Públicas— de los recortes sufridos por el colectivo de empleados públicos, como la rebaja de retribuciones (en concreto la eliminación de la Paga Extra de diciembre de 2012) o los descuentos por baja médica.
Sobre la paga extra, la Defensora del Pueblo apunta cómo el Gobierno ha incluido la recuperación del 25 por ciento de esta paga en los presupuestos de este año. No obstante, esta recuperación ha sido parcial, insuficiente y además no se ha aplicado de manera general en el conjunto de comunidades autónomas y ayuntamientos.
El informe de la Defensora también hace referencia a las demoras que se producen en el abono de haberes en las nóminas de los empleados públicos de diferentes administraciones públicas; así como a los descuentos en las nóminas por enfermedad común.
Sobre este último punto, la Defensora considera que, aunque la enfermedad común no requiera ingreso hospitalario, es en muchos casos inhabilitante para el trabajo habitual, de manera que cuando tal circunstancia está debidamente acreditada, no debiera dar lugar a descuentos en la nómina de quien la padece.
Por todo ello, CSIF reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las recomendaciones que establece la Defensora del Pueblo, empezando por una nueva política de recursos humanos que permita reforzar las plantillas y revisar los recortes en la nómina por baja médica.
27 de febrero de 2015