CSI·F informa que el tribunal superior de justicia de Castilla y León también eleva al constitucional la "confiscación" de la paga extra
11 de Abril de 2013

Se trata de la primera cuestión de inconstitucionalidad que afecta al grueso de trabajadores de una comunidad autónoma

El Tribunal Superior de Castilla y León ha decidido elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante las dudas legales que plantea la retirada de la paga extra al colectivo de empleados públicos laborales de esta comunidad autónoma, en virtud del decreto de recortes del Gobierno.


Se trata de la primera cuestión de inconstitucionalidad que afecta al grueso de empleados públicos laborales de una comunidad autónoma (20.000 trabajadores) y la segunda a nivel estatal, después de que la Audiencia Nacional se pronunciase recientemente en la misma línea sobre los trabajadores de la empresa pública CETARSA.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) manifiesta su satisfacción por este goteo de resoluciones judiciales que, sin duda, acabarán dando la razón al conjunto de los empleados públicos –funcionarios, laborales y estatutarios--. En el caso de que prosperen los argumentos sindicales, el Constitucional echaría por tierra el artículo 2 del Decreto Ley de recortes y por tanto, beneficiarse el grueso de los trabajadores del sector público español.
En este sentido, CSI-F reitera al Gobierno que tome buena nota de lo que ha ocurrido en Portugal, porque los argumentos del Tribunal Constitucional luso son similares. La retirada de la paga extra vulnera el principio de igualdad en la adopción de medidas de recorte, como ha ocurrido en España.
Por otra parte, el presidente de CSI-F,Miguel Borra se reunirá el próximo viernes con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para trasladarle sus alegaciones al anteproyecto deReforma Local. CSI-F calcula que podrían verse afectados 115.000 trabajadores, bien por la modificación de sus condiciones laborales y su destino, bien por la pérdida de su puesto de trabajo.
Frente a esta situación, CSI-F propone otras medidas de control y ahorro, como la implantación de un registro público de asesores, incompatibilidades retributivas de altos cargos, así como un catálogo de servicios públicos que bajo ningún concepto se pueden externalizar.