2-12-2011. CSI·F RECHAZA CON CONTUNDENCIA QUE SEAN LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LOS PERJUDICADOS POR LAS MEDIDAS DE COSPEDAL.
02 de Diciembre de 2011

En opinión del sindicato siempre pagan los mismos


El Sindicato CSI·F considera inadmisible que el cuerpo de funcionarios y laborales de la administración vuelvan a convertirse en la diana de las medidas de austeridad anunciadas por la presidenta regional: nueva bajada salarial y aumento de la jornada laboral.

Los trabajadores no pueden seguir asumiendo nuevos esfuerzos en sus nóminas, pues la pérdida de poder adquisitivo se fija ya por encima del 45% en los últimos años.


CSI·F le recuerda a la presidenta regional que los empleados públicos ya soportan un descenso en sus sueldos del 5% desde el año 2010 y una nueva congelación en el presente ejercicio, lo que significa un nuevo 12% de pérdida de poder adquisitivo. Las medidas anunciadas en el día de hoy producirán una nueva desviación acumulada por encima del 20% en los dos últimos años.

Resulta sospechoso y muy preocupante, en primer lugar, que no se respeten los órganos de representación de los trabajadores y que los sindicatos tengan que enterarse de las medidas que afectan a los colectivos a los que representan por la prensa, sin siquiera dignarse a avanzarles el grueso o la filosofía de esas decisiones. Gobernar por decreto no es una opción cuando ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales para debatir, o al menos informarles, de las intenciones del gobierno.

Por otro lado, la eliminación de empleos públicos, traducido en la eliminación de interinos y la falta de ocupación de las vacantes que se van generando provocará el aumento del número de desempleados y la desconfianza de los ciudadanos en una administración que en lugar de crear empleo lo destruye.

La nueva bajada salarial atenta directamente contra la línea de flotación de todos los empleados públicos, pues CSI·F no considera que ello contribuya a la generación de empleo, sino que más bien parece una propuesta para sanear las arcas regionales y hacer frente a las numerosas deudas contraídas. Lo que no parece en absoluto ético es que tengan que ser los trabajadores los que asuman ese coste con la reducción de sus nóminas.

Otras medidas anunciadas por Cospedal como el aumento de la jornada laboral suponen una marcha atrás y exigen nuevos sacrificios a los trabajadores, verdaderos paganinis de la crisis de los mercados financieros y de la nefasta gestión heredada. Los funcionarios y laborales de la administración pública castellano manchega ya han demostrado su generosidad y solidaridad con las necesidades sociales, pero todo tiene un límite que acaba de ser rebasado con el anuncio de la presidenta regional.

Las conquistas laborales conseguidas hasta ahora en las Mesas de Negociación y producto del diálogo sereno entre políticos y centrales sindicales quedan en agua de borrajas por virtud de la decisión del gobierno de Castilla La Mancha.

Desde CSI·F se exige al gobierno de Castilla La Mancha que predique con el ejemplo y que los altos cargos y miembros del ejecutivo sean los primeros en reducirse los sueldos, dejar de cobrar dietas y kilometrajes y renunciar a sus prebendas especiales, como viajes y comidas oficiales, cobros por asistencias a órganos colegiados, uso de tarjetas de crédito a cargo del erario público y la limitación de pagadores en virtud de diferentes obligaciones institucionales o partidarias, que hace que muchos cargos públicos reciban más de un sueldo, en un claro y flagrante agravio comparativo e injusticia social cuando se piden sacrificios a los trabajadores y más de un millón y medio de familias no tienen ningún tipo de ingresos.

CSI·F no admite las decisiones unilaterales de un gobierno que no respeta las formas ni a los representantes de los trabajadores, pues mientras la Secretaria General del PP y presidenta de Castilla La Mancha pide consenso en Madrid se dedica a gobernar en solitario en nuestra región, obviando las recomendaciones que hace en nombre de su partido fuera de nuestra fronteras.

Por último, CSI·F no descarta ninguna medida de presión ante tan brutal agresión a los empleados públicos de Castilla-La Mancha.