García-Page relega a un segundo plano a los empleados públicos de Castilla-La Mancha

4 de octubre de 2022

-CSIF subraya que los trabajadores públicos, en contra del dato falaz expuesto por el presidente la Junta, arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%

-El presidente de la Junta, con un discurso triunfalista, pasa por alto los problemas que padecen los servicios públicos de la región

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el conjunto de empleados públicos de la región haya quedado relegado a un segundo plano durante la intervención del presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región. 
Es más, García-Page ha afirmado que los trabajadores públicos de la región, bajo su mandato, “están mejor retribuidos, un 20,5%”, lo que supone un dato absolutamente falaz: teniendo en cuenta los recortes salariales planteados por anteriores gobiernos a nivel nacional y autonómico, entre ellos la tasa Cospedal mantenida por Page hasta 2017, sucede justo lo contrario, ya que los empleados públicos han perdido más de un 20% de poder adquisitivo.
Asimismo, el presidente del Gobierno regional se ha atribuido méritos que no le corresponden, como el fin de las penalizaciones por incapacidad temporal, la jornada de 35 horas o la convocatoria de ofertas de empleo público tras el aumento de la tasa de reposición, medidas ambas que corresponden al II Acuerdo de Mejora del Empleo Público de 2018 firmado por CSIF con el Ministerio de Hacienda. 
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, señala que “desgraciadamente, García-Page no puede decir que ha apostado por los servicios públicos en la región, lo único que ha hecho en materia de Función Pública ha sido, y porque se ha visto obligado, a cumplir con acuerdos nacionales. Eso no es apostar por los servicios públicos, es simplemente llevar a cabo lo que es de obligado cumplimiento. Sin embargo, lo vende como si fuera suyo, demostrando un cinismo muy grosero”. 
En su discurso, García-Page no ha aludido a la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos; ha pasado por alto la delicada situación de la Atención Primaria; ha dejado fuera las ratios en Enseñanzas Medias y el horario lectivo en todas las etapas, además de no comprometerse con el pago del verano a los interinos aludiendo a que depende del “acuerdo sindical”; se ha olvidado de los contratos precarios dentro de la Administración regional, como los de los auxiliares técnicos educativos, fisioterapeutas, personal de limpieza, técnicos de lengua de signos o personal de limpieza; ha obviado la falta de personal y la privatización de servicios; no ha señalado todos los recortes que se mantienen desde su predecesora en el cargo.
“A nuestro presidente le damos igual los empleados públicos, lo ha demostrado con un discurso triunfalista a pesar de todos los recortes y problemas que tiene la Función Pública en la región”, señala Retamosa, que añade que “CSIF se ha movilizado en abril, mayo y junio bajo el lema ‘Los recortes. Cospedal los crea y Page los mantiene’, y lamentablemente tendremos que seguir haciéndolo. Su compromiso con los empleados públicos es nulo. Se jacta de diálogo social, pero realmente no negocia nada”. 
Es más, sigue sin recuperarse la carrera profesional en el ámbito sanitario, ya que García-Page ha aludido a la posibilidad de “tener sobre la mesa, lo más negociada y consensuada que se pueda, el proyecto de ley” para recuperar este derecho. Para Retamosa, se trata de “un anuncio muy ambiguo. Lo tiene fácil y sencillo: derogar la Ley 1/2012, de Cospedal. Todo en este Gobierno se realiza en clave electoralista, podríamos haber recuperado este derecho mucho antes. De hecho, somos la única comunidad autónoma que continúa con la carrera profesional paralizada. Lo conseguiremos por la presión sindical que estamos ejerciendo, pero da mucha pena que para nuestros políticos lo único importante sea conseguir votos de cara a las elecciones”, señala Retamosa. 
Por último, García-Page, que aludía a la paz social y a los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales, tampoco ha mencionado que su aludida paz social ha costado, hasta el momento, 51.9 millones de euros de subvenciones a CCOO, UGT y Cecam.

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