CSIF denuncia una nueva agresión, la segunda en siete días, a tres funcionarios del centro penitenciario de Albocàsser

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16 de febrero de 2022

El sindicato alerta de que, pese a más del 50% de los 860 internos de esta instalación padece algún tipo de patología mental, desde hace tres años Albocàsser carece de profesionales de psiquiatría y pide “soluciones”

Apenas una semana después del último incidente violento, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha denunciado una nueva agresión a personal funcionario del centro penitenciario Castellón II, en Albocàsser.

Un interno del módulo 14, destinado a las personas que padecen problemas psiquiátricos, agredió a una jefa y a un jefe de servicio, así como a un funcionario de prisiones cuando le trasladaban a la enfermería del centro. A consecuencia de la agresión, dos de los funcionarios tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Castellón para ser atendidos de las heridas que presentaban.

Esta nueva agresión, la segunda registrada en los últimos 7 días en el centro penitenciario de Albocàsser, pone de manifiesto, una vez más, la desidia que sufre el funcionariado de prisiones”, han lamentado desde CSIF, que han detallado que, “pese a que más del 50% de los 860 internos de Albocàsser presenta algún tipo de patología mental, desde hace tres años este centro penitenciario carece de profesionales especializados en psiquiatría para poder atenderlos correctamente y darles el tratamiento que necesitan”.

Aunque los centros penitenciarios no son psiquiátricos ni cuentan con personal cualificado en este ámbito, la realidad es que cada vez están recibiendo un mayor porcentaje de internos que presentan este tipo de patologías”, han apuntado desde CSIF.

Así, desde la central sindical han reclamado que, “además de reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, para evitar que este tipo de agresiones queden impunes o se salden con una mera sanción administrativa, cuando surjan este tipo de incidentes se traslade de manera inmediata al interno a otro centro penitenciario y que, además, las comunidades autónomas se hagan cargo de la sanidad penitenciaria para garantizar que los internos reciben en todo momento una atención sanitaria adecuada a sus necesidades reales”.

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