Peñíscola obliga al personal de Justicia que reparte las notificaciones a pagar de su bolsillo los tickets de zona azul
Compete al Ayuntamiento poner los medios, pero ante su pasividad, los trabajadores asumen gastos de combustible, vehículo y aparcamiento
05 de Junio de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica la situación generada en el Juzgado de Paz de Peñíscola y la creciente amenaza de colapso de la justicia municipal “por la inoperancia de las partes implicadas a la hora de poner solución inmediata a una cuestión tan sensible” indica CSIF.

El sindicato denuncia que “ni Ayuntamiento ni empresa concesionaria, a la que responsabilizan desde el consistorio, están poniendo solución a la falta de autorización de aparcamiento en zona azul” desde el pasado 1 de junio. Ello pese a las reiteradas peticiones de los funcionarios y el caos que en los próximos días podría generar el fin del reparto de actos de comunicación, requerimientos judiciales, citaciones o emplazamientos.

Explican que no es el primer incumplimiento de la normativa ya que hay funcionarios que se veían obligados a utilizar su coche particular para repartir a domicilio exhortos cuando en este caso es competencia de la Administración Local dotar a los funcionarios de los medios necesarios para realizar su trabajo.


“No solo están poniendo el coche ante la falta de medios oficiales sino que además el propio personal se paga la gasolina” y añade CSIF que por ello “retirar la autorización para estacionar en la zona azul en horario de reparto es la gota que colma el vaso”. “Nos preguntamos -añade CSIF- si veríamos como algo lógico que los bomberos, emergencias sanitarias o el cuerpo de Policía pagaran el estacionamiento mientras trabajan, puesto que son igualmente servicios públicos básicos”.

El sindicato afirma que es intolerable que se cree esta tensión con un personal que “está asumiendo estos pagos por respeto al servicio público y a los ciudadanos”. “En los juzgados de paz, y en este caso Peñíscola, un funcionario de auxilio judicial va a casa de quien no ha acudido al juzgado o sencillamente no ha sido localizado por otras vías” prosiguen.

Dada la distancia que hay desde el Juzgado de Paz al propio centro y hasta las zonas residenciales de las afueras, se está asumiendo por responsabilidad pagar la gasolina o poner el coche particular para prestar el servicio. No esperaban, sin embargo, que el consistorio y la empresa en su caso, llegaran tan lejos en su dejadez. Según CSIF, “esperamos que el consistorio asuma sus competencias y facilite urgentemente los recursos imprescindibles para trabajar” ya que es muy lamentable “tener que pedir, como si fuera limosna, el disponer de los medios necesarios” concluyen desde la central sindical.