CSI·F condena la agresión a dos funcionarios de prisiones de Albocàsser y pide castigos ejemplares
El sindicato aboga por tipificar estos sucesos como atentado a la autoridad y que la Administración se presente como acusación particular
23 de Julio de 2016

La sección sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Albocàsser denuncia el último incidente provocado por un interno el pasado domingo en el que resultaron agredidos y lesionados dos funcionarios.El altercado lo inició el interno en el reparto de medicación en el modulo 2, “visiblemente alterado empieza a protestar y vocear sin respetar la cola, los funcionarios le llaman la atención y ordenan que se calle y guarde su sitio en la cola, haciendo caso omiso el interno, continuando con actitud desafiante y provocadora” explican los testigos. Ante el cariz que tomaba la situación, es llevado a la oficina de funcionarios oponiendo resistencia, braceando y empujando a los funcionarios, “al final se le puede reducir pero un funcionario recibe una fuerte patada en el abdomen y otro con varias contusiones de diversa consideración” prosiguen. El funcionario que recibe la patada tras ser examinado por el médico del centro ha causado baja laboral y se le ha aplicado el protocolo de accidentes de trabajo.


Este tipo de incidentes con agresiones a los trabajadores penitenciarios que de forma continua se producen en los centros, son ya habituales sin que desde la Secretaria General se tomen medidas de seguridad mas concretas que tiendan a reducirlos y se promuevan modificaciones legislativas para que sus responsables sean debidamente castigados y penados tipificándolo como atentado a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, para que los internos no se sientan impunes cuando agreden a un trabajador.

Desde CSIF se está reclamando hace ya mucho tiempo que se revisen y establezcan nuevos protocolos de seguridad mas eficaces y que se incluya al colectivo penitenciario en el protocolo de agresiones de la AGE, con sus particularidades concretas. También reclamamos el incremento de las plantillas que de forma tan significativa se han reducido estos últimos años, lo cual incide directamente en la seguridad en los centros por falta de efectivos para un mayor control y vigilancia. Así mismo la Administración debe denunciar al agresor de forma automática ante estos incidentes y constituirse como acusación particular a través de los Servicios Jurídicos del Estado, haciéndose cargo también como responsable civil subsidiaria de la posible responsabilidad económica derivada de estos incidentes por los daños ocasionados, si así se declara tras la resolución judicial de los hechos.