CSI·F se planta ante las “inadmisibles políticas de personal” de Instituciones Penitenciarias
04 de Marzo de 2014
El sindicato CSI·F alerta de que las medidas puestas en marcha por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) causarán una grave fractura en las relaciones del Gobierno con los trabajadores de las cárceles españolas. Según indican desde el sector de prisiones de CSI·F Castellón, “después del trágala de la privatización de la seguridad en los exteriores de los penales, es inadmisible que la Administración vulnere la normativa y que ignore los derechos laborales para ofrecer unas plazas que buscan penalizar los criterios de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando con ello a empleados como los de la Comunitat Valenciana que no podrán optar a esos nuevos puestos”.

El sindicato se muestra así de crítico tras conocer que, después de dos años sin oferta pública de empleo, la administración ofertará más de medio centenar de plazas a las que no podrán optar los funcionarios de las promociones anteriores a 2011, que llevan esperando varios años un concurso de traslados.

CSI·F anuncia que “no se van a aceptar esas condiciones ni ningún escenario que no contemple la igualdad de acceso para los funcionarios de prisiones” y han iniciado sus medidas de protesta de inmediato con un encierro hoy mismo en el centro penitenciario Castellón II.

Imposible mantener la operatividad

Según explican desde CSI·F, el problema de la adjudicación “inmoral” de las plazas se suma a los graves problemas de recursos humanos que ya sufren las prisiones de la Comunitat. Así, los datos recogidos en la relación de puestos de trabajo (RPT) de las cárceles regionales evidencian un déficit de más de 200 puestos vacantes sin cubrir. De los 3.082 puestos establecidos en las RPT de las prisiones de la Comunitat, 2.724 plazas de funcionarios y 358 de laborales, más de dos centenares están vacantes. Las RPT contemplan el número mínimo de puestos que deben tener las diferentes administraciones para mantener la operatividad y eficiencia, “algo imposible con este panorama y tomando decisiones como la que ahora impide la movilidad de los trabajadores y que ha provocado el encierro en Albocàsser”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica que los datos expuestos engloban a todos los trabajadores pertenecientes a Instituciones Penitenciarias en la Comunidad Valenciana, lo que supone un 11,57% del total de funcionarios de España en este ámbito. De estos cerca de 2.700 trabajadores, solo una parte desarrolla tareas de vigilancia en los módulos. Precisamente son los vigilantes de interior los más afectados por el déficit de personal, ya que les resulta imposible garantizar la seguridad e integridad propia y la de los reclusos.


CSI·F destaca que, además de la alarmante escasez de la plantilla, preocupa el envejecimiento del personal activo. Más del 70 % de los funcionarios se encuentran entre 40 y 60 años. Estas cifran responden a la no convocatoria de oferta de empleo público. Anualmente se jubilan en España entre 350 y 400 funcionarios de este sector sin que se reponga ninguna de estas plazas. A esto hay que añadir que en las prisiones aumenta el número de presos, y con ello también los incidentes.

El CSI·F reclama, con carácter urgente, a Instituciones Penitenciarias que corrijan su última “provocación” y que se habiliten procesos de creación de plazas de funcionarios y de cobertura de las existentes respetando la normativa y el diálogo social. “Solo de este modo -concluyen- se podría atenuar el grave estado de saturación en que se encuentran las cárceles españolas”.