CSIF denuncia que la Consejería de Justicia se está quedando con 160.000 euros en atrasos de salarios de los funcionarios de Justicia
Se trata de los fondos adicionales conseguidos por CSIF en la mesa general de negociación en Madrid y que Cantabria debía haber aplicado desde el año 2018 y suponen a fecha de 2020 unos 35 euros/mes por funcionario
21 de Febrero de 2020

En ese año, junto con la subida de sueldos general 2018-2020, se pactó un incremento salarial del 0,20% de la masa salarial adicional a la subida general de ese año. En 2019 se firmó un 0,25% y en 2020 está previsto un 0,30% sobre esa masa salarial para un total de unos 160.000 euros anuales, unos 35 euros al mes por cada funcionario adicionales.

A pesar de los continuos requerimientos de CSIF, la Consejería ha hecho caso omiso de esta obligación y se ha negado a negociar la forma de pago de este apartado y retiene estas cantidades.

Además, la Consejería se pretende quedar, además, con el 1% destinado al incremento variable de retribuciones correspondiente a este año y que depende del PIB de 2019. Si bien es cierto que las previsiones económicas no son buenas, CSIF ya ha reclamado renegociar ese dinero ya que las circunstancias en las que se firmó el acuerdo han variado considerablemente.

Mientras el Gobierno de Cantabria renuncia a los 44 millones de IVA que debe el gobierno central, su Consejería de Justicia se queda con esos 135000 euros que debería consignar en los presupuestos y haberlos abonado desde el año 2018.

El Gobierno de Cantabria principal responsable de que no haya atención sanitaria a mutualistas en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

Mientras el Gobierno de Cantabria renuncia a cobrar los 44 millones de IVA, lleva tres años sin firmar el convenio rural con la MUGEJU por una cuestión meramente económica, quieren más dinero. CSIF ya ha denunciado, en alguna ocasión, la falta de asistencia médica del colectivo mutualista en estas poblaciones. Incluso, recibimos presiones para retirar la denuncia pública realizada a través de prensa. Tras estas acciones el gobierno de Cantabria “garantizó” que la firma era inminente, pero desde hace meses el convenio duerme en algún cajón de algún responsable autonómico.