CSIF DENUNCIA EL ATENTADO CONTRA EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL
CSIF, como primer sindicato en la Administración de Justicia, denunciará la práctica de censura previa que el Gobierno de Cantabria pretende aplicar a las comunicaciones sindicales a los trabajadores.
21 de Febrero de 2020

Desde hace dos días, el Gobierno de Cantabria impide acceder a las listas de distribución de correo de los empleados públicos para remitir información sindical relacionada con el ejercicio de sus funciones.

De esta decisión nos hemos enterado por la vía de los hechos cuando nos disponíamos, tal y como veníamos haciendo a remitir un nuevo correo electrónico ayer jueves.

A requerimiento de CSIF y por vía telefónica, se nos informa que, a partir de ahora todas las comunicaciones sindicales deberán pasar el filtro de la Dirección General al que habrá que remitir las mismas para que, luego sean enviadas como correo desde el departamento de informática.

Para CSIF esto supone una clara vulneración del derecho fundamental de libertad sindical recogido en el artículo 28 de la Constitución, de las disposiciones en materia de garantías y derechos de los sindicatos y representantes sindicales y, muy directamente, del artículo 41 del TREEP por el que los representantes sindicales en las Juntas de Personal tienen derecho a:

“b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.

Sin ninguna duda, la pretensión de la Administración supone una inaceptable vuelta al sistema de censura previa al más puro estilo franquista. Lo que subyace en esta medida es un intento de la Administración de controlar y manipular la información sindical de todo tipo, desde la información sobre las acciones emprendidas por un sindicato hasta la convocatoria de movilizaciones o asambleas de trabajadores.

Más allá del ejercicio de la acción contemplada en el artículo 13 de la LOLS de protección del derecho fundamental de libertad sindical, CSIF se reserva el derecho a presentar otro tipo de acciones sin descartar las penales contra este auténtico atropello a los derechos fundamentales cometido por el Gobierno de Cantabria.