El gobierno de Cantabria deja sin atención médica gratuita a miles de empleados públicos cántabros
El Gobierno de Cantabria ha decidido no renovar el acuerdo que venía firmando hasta ahora con MUFACE, MUGEJU E ISFAS para garantizar la atención primaria y de urgencia de estos colectivos de empleados públicos adscritos al mutualismo administrativo.
22 de Febrero de 2018

Desde el 1 de enero de 2018, profesores, funcionarios de Justicia, funcionarios de la Administración General del Estado, guardias civiles, militares destinados en Cantabria y sus familias que residen en poblaciones de menos de 20.000 habitantes deben abonar la factura de su atención médica cada vez que acuden al centro de salud.

El Gobierno de Cantabria ha decidido no renovar el acuerdo que venía firmando hasta ahora con MUFACE, MUGEJU E ISFAS para garantizar la atención primaria y de urgencia de estos colectivos de empleados públicos adscritos al mutualismo administrativo.

Desde el 1 de enero de 2018 son los empleados públicos los que deben adelantar el pago de esas cantidades y luego reclamar a su compañía médica el reembolso de la misma en un procedimiento largo y lleno de incertidumbre.

Para CSIF, es intolerable que el Gobierno de Cantabria traslade al bolsillo de los empleados públicos afectados un conflicto que parece tener con las mutualidades sobre el importe que recibe por la atención médica. Pero más grave es todavía que el Gobierno de Cantabria los utilice como ariete en la negociación con las citadas mutualidades.

CSIF denuncia, además, la falta absoluta de información por parte del Gobierno de Cantabria ya que los empleados públicos se han enterado de la medida cuando han acudido a la consulta médica, se les ha informado sobre el contenido de una instrucción de la Consejería de sanidad y se les haya facturado la consulta.

CSIF exige al Gobierno de Cantabria que muestre más respeto por los empleados públicos en vez de utilizarlos en sus guerras.

Asimismo, CSIF exige que se den las instrucciones oportunas para volver a la situación de todos los años anteriores donde los empleados públicos no eran tratados como ciudadanos de segunda a la hora de acceder a la atención sanitaria.

Estos empleados públicos también pagan impuestos que son los que financian la sanidad pública en nuestra Comunidad autónoma y tienen derecho a recibir atención médica sin que se vean perjudicados ni maltratados por la falta de entendimiento entre el Gobierno de Cantabria y las mutualidades de funcionarios.

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