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CSI-F se une a la buena noticia respecto a la ampliación de los funcionarios protegidos como autoridad pública recogida en el Código Penal, ya que formaba parte de los objetivos que estamos buscando con nuestra campaña contra las agresiones a los empleados públicos.
La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el pasado jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel.
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