CSIF reclama más personal de integración social y de lengua de signos en los centros educativos
10 de Noviembre de 2021
  • El sindicato reivindica la labor de estos colectivos con el alumnado con necesidades especiales y afirma que el Decreto recién aprobado por la Junta los dejará “al margen del sistema educativo al pasar a ser servicios complementarios de la Educación”

Cádiz, 10 de noviembre de 2021

El sector de Administración General de la Junta de CSIF Cádiz quiere manifestar su “firme oposición y no rotundo” a la decisión de la Junta de Andalucía de establecer que el personal técnico de integración social (PTIS) y el de interpretación de la lengua de signos española (ILSE) sean “servicios complementarios de la Educación”, cuando lo que hace falta es reforzar las plantillas de los centros con más profesionales de estas dos especialidades, para atender con garantías al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros públicos.

El sindicato considera que el Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, además de dejar a esos profesionales “al margen y desligados del sistema educativo”, está “fuera de toda lógica” y contraviene la Ley de Educación de Andalucía, que determina “de manera muy clara” que la atención a este tipo de alumnado “corresponde al profesorado y a otros profesionales con la debida cualificación”.

CSIF reivindica que los trabajadores de estas dos categorías “no tienen una mera función asistencial”, como marca el Decreto, sino que su prioridad es la integración del alumnado como paso imprescindible para alcanzar su autonomía funcional y el desarrollo de sus capacidades. Por eso considera que el PTIS y el ILSE no sólo son “partes integrantes e indispensables” del sistema educativo, sino que incluso deberían estar presentes en los centros donde acuden niños de entre 0 y 3 años para así garantizar la correcta asistencia a los menores que precisen una atención individualizada.

CSIF también reclama que la gestión de estos servicios deje de externalizarse, un hecho que califica de “incongruente” teniendo en cuenta que el propio Decreto incide en la importancia de la formación integral del alumnado. Para el sindicato es “indispensable” que los menores con necesidades educativas especiales sean supervisados igual que el resto del alumnado, es decir, por profesionales adscritos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería en centros propios de gestión directa.