CSIF exige pruebas PCR para el personal de Justicia en la provincia para detectar a personas portadoras del virus
17 de Abril de 2020
  • Entre este jueves y el próximo lunes se incorporarán en la provincia más de 200 trabajadores a sus puestos presenciales, que se unirán a los servicios esenciales operativos desde que se decretó el estado de alarma
  • El sindicato está realizando un trabajo de campo en cada una de las sedes judiciales a las que han vuelto trabajadores para comprobar si disponen del material de protección necesario y se garantiza su seguridad y salud

Cádiz, 17 de abril de 2020

El sector de Administración de Justicia de CSIF Cádiz ha reclamado que se realicen pruebas diagnósticas PCR a los más de 200 funcionarios que se están incorporando entre este jueves y el próximo a sus puestos en las sedes judiciales de la provincia y que se sumarán a los que prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma. El objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del SARS-CoV-2 COVID-19 y proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que paulatinamente se está incorporando, como de las personas usuarias.

Así lo ha exigido el sector de Justicia de CSIF Andalucía en un escrito dirigido a la Administración ante el inicio de la incorporación presencial de empleados de este ámbito en Andalucía. La central sindical entiende que es esencial la realización de dichas pruebas y avisa de que si dicha petición no es atendida, se reserva el derecho de emprender las acciones, tanto civiles como penales, que puedan corresponder.

Por el momento, la incorporación de funcionarios de Justicia, se está produciendo con normalidad, salvo alguna incidencia relacionada con falta de coordinación en la entrega de material de protección. No obstante, en general se dispone del material necesario, como mascarillas, geles y guantes, así como mamparas que ya habían sido colocadas. De hecho, CSIF consiguió que se demorara el inicio de la reincorporación de los trabajadores al exigir provisión efectiva de los medios de protección a la Consejería como requisito ineludible previo.

No obstante, desde CSIF se va a permanecer vigilante ante cualquier carencia de material o de incumplimiento del protocolo establecido, de manera que se preserven las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. CSIF está realizando un exhaustivo trabajo de campo, comprobando que no falte ninguno de los elementos de protección individual ni colectivos necesarios en los órganos judiciales.

Asimismo, CSIF ha exigido a la Administración que se informe al comité de seguridad y salud provincial de la planificación y periodicidad con la que se van a distribuir los medios de protección con el que se debe proveer a todo el personal que presta sus servicios en los órganos judiciales.

Protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo

La central sindical pide, igualmente, dotación de equipos de protección individual (EPIS); mascarillas, y guantes para todo el personal de la Administración de Justicia, así como la implantación de un protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo.

La instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica en los centros de trabajo, así como la instalación de cartelería informativa sobre utilización de EPI y mantenimiento de distancia social de al menos 1,5 metros, son otras de las cuestiones en las que CSIF estará vigilante.

Asimismo, se comprobará que existe instalación de mamparas o pantallas de seguridad en todos los puntos susceptibles de llevarse a cabo la atención al público con el fin de evitar contagios, así como el rediseño, en su caso, de los puestos de trabajo para que exista una distancia de seguridad entre los trabajadores de al menos un metro y medio.

En cuanto a las medidas preventivas orientadas a la Protección de los Trabajadores, se solicita la creación de un protocolo de cara a la efectiva incorporación de la totalidad del personal del servicio público de justicia en la medida que se acuerde por la autoridad sanitaria, de manera que se eviten improvisaciones en relación a la protección de la salud de los funcionarios de Justicia.