La Ejecutiva del Sector Nacional de Admón. Local de CSI-F muestra su rechazo al anteproyecto de ley del Gobierno sobre la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
08 de Marzo de 2013

En su reunión del pasado día 5, los miembros del Comité Ejecutivo del Sector Nacional de Administración Local, debatieron sobre los aspectos más relevantes que contempla la reforma de la administración local aprobada en el consejo de ministros el pasado 15 de febrero. Entre las conclusiones a las que se llegó destacan las siguientes:

  • El Anteproyecto de Ley que reforma las Administraciones Locales, deja la puerta abierta a la privatización de los servicios y vacía de contenido a más del 90 por ciento de los Ayuntamientos.
  • La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, reduce, cuando no quita, la capacidad a los ayuntamientos para atender las necesidades sociales más básicas de los ciudadanos.
  • La reforma tal y como está destruirá empleo, empeorará la calidad de los servicios y terminará con el Sector público.
  • CSI•F solicitará que se convoque a los sindicatos mayoritarios en Administración Local para que la Ley resultante recoja los derechos de los empleados públicos y la defensa de los servicios municipales que prestan a los ciudadanos.
  • Damos la bienvenida a Secretarios e Interventores del Estado, independientes y con capacidad de actuación. Esperando que se agilice el trámite en el Tribunal de Cuentas, y en la Fiscalía, para los casos que fuera necesario.

Desde CSI•F Administración Local, mayoritaria en España, entendemos que la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, incumple el enunciado de la misma: No va a racionalizar, sino que ahogará aún más si cabe, a los Ayuntamientos.


Tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de Administración Local, el Sector entiende que la Ley, desnaturaliza el papel de los Ayuntamientos y va a suponer un retroceso democrático. El temor más extendido no sólo tras la lectura del texto publicado, sino después de escuchar algunas voces muy cualificadas es que su finalidad, es la privatización de los servicios municipales.

Legisla en contra de los municipios y da un papel preferente a las Diputaciones, lo que podría poner en peligro servicios esenciales que ahora reciben los ciudadanos. En cinco años los ayuntamientos dejaran de prestar servicios llamados impropios, que todavía gestionan, para dejarlos en manos de las Diputaciones y de las Comunidades Autónomas. Sorprende que entidades como las Diputaciones, que no cuentan con infraestructura, se puedan hacer cargo de estos servicios. Y ahí es donde entra el temor de las privatizaciones. Del reparto “legal” del Estado.

Desde el Sector de Administración Local abogamos porque en lugar de limitar, se refuercen las competencias de los ayuntamientos, teniendo en cuenta que es la administración más cercana y a la que en primer lugar acuden los ciudadanos.

Pedimos y así se lo haremos llegar a las instancias que correspondan, que se financie más y mejor y se incrementen los controles necesarios.

La reforma puede ser una bomba de relojería para los ayuntamientos, según algunos cálculos ya publicados: Mermará las competencias a más del 90 por ciento de los ayuntamientos. La Ley que, de momento, no habla de supresión de municipios, si les va a dejar como ya hemos dicho, vacíos de contenido político si no cumplen con las medidas de austeridad.

Hablamos de que los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con los costes establecidos, deberán cedérselos a la Diputación. Esta medida afecta a 7.717 ayuntamientos. Y tras un informe del interventor, se les podría forzar a suprimir los servicios que no entren en sus competencias directas y que hasta ahora vienen prestando en la mayoría de los casos de forma eficaz. En definitiva podrán gestionar indirectamente el servicio, pero no tendrán capacidad de contratación y perderán todo el control sobre los mismos. Poder, que verán incrementado extraordinariamente las Diputaciones.

La reforma tal y como se ha presentado, destruirá empleo, se habla ya que alcanzará a los 200.000 mil y reiteramos empeorará la calidad, cuando no, la asistencia a los ciudadanos.

Abre muchas dudas con respecto a los ayuntamientos medianos y pequeños. Y por lo que respecta a la reducción del número de concejales con dedicación exclusiva, plantea muchos interrogantes. El problema no es tanto lo que cobran, que debe y tiene que estar regulado y fiscalizado, sino todo aquello que aún hoy resulta opaco en las administraciones locales. Es muy positivo y regenera la transparencia política, que se fijen los sueldos máximos para los alcaldes en función del municipio. Ya era hora.

Pero la ley, insistimos, constituye un vaciamiento de la Administración Local e implanta una tutela exagerada a los ayuntamientos frente a las Diputaciones, que hasta la fecha sabemos lo que han dado de sí.

En ciertas autonomías como Canarias o País Vasco y Cataluña no se tiene en cuenta las peculiaridades de las mismas, lo que sin duda traerá más problemas que beneficios.

CSI•F pide al Gobierno que se aproveche el trámite parlamentario para entrar en el fondo de la cuestión municipal, sin ambiciones partidistas, y más allá de lo puramente económico, con visión de futuro y de Estado, que se dignifique al empleado público, tan denostado por intereses muy particulares, porque si no, habrán perdido de nuevo una ocasión de oro.

Desde CSI•F Administración Local, defenderemos que cualquier reforma que se lleve a cabo debe garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo, los servicios que estos empleados públicos prestan a los ciudadanos y que éstos sean de calidad. Por ello, se pedirá al Gobierno que convoque a los sindicatos mayoritarios en Administración Local.

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