CSI-F reclama al Gobierno que atienda a la Defensora del Pueblo y devuelva a los empleados públicos una cuarta parte de la paga de Navidad.
17 de Octubre de 2012

El sindicato lamenta que la Defensora del Pueblo deje en saco roto la petición de amparo de 2.6 millones de empleados públicos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, reclamó hoy al Gobierno que atienda las recomendaciones del Defensor del Pueblo y devuelva a los empleados públicos por lo menos una parte de la paga extra de Navidad. Esta parte corresponde a la cuantía de la paga extra no devengada, teniendo en cuenta que el Real Decreto se publicó el 13 de julio y la paga extra se empieza a calcular, a partir del mes de junio.



No obstante, CSI-F considera esta disposición insuficiente y lamenta que la Defensora del Pueblo se hay inhibido en la presentación del recurso de inconstitucionalidad en favor del Parlamento de Navarra, institución que ha presentado un recurso previo.


Para CSI-F, la Defensora del Pueblo es un órgano independiente, encargado de velar por los derechos del conjunto de los españoles, y con esta decisión deja en saco roto la petición de amparo de 2,6 millones de empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas, y por extensión de sus familias.

Por ello, CSI-F y el resto de los sindicatos de la función pública próximamente darán traslado de los mismos argumentos políticos a los grupos parlamentarios para que emprendan un recurso similar ante el Constitucional.

En la misma línea, CSI-F pedirá a los grupos parlamentarios que enmienden el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año para que habiliten fórmulas adicionales a las aportaciones a planes de pensiones y contrato de seguro colectivos, de modo que puedan beneficiarse todos los empleados públicos afectados por la medida.

La Defensora del Pueblo señaló ayer en sus recomendaciones la necesidad de modificar el Real Decreto para concretar su alcance y ampliar fórmulas de resarcimiento futuro. “Esta afirmación supone un reconocimiento implícito de que el Gobierno ha volcado injustamente el peso de los ajustes sobre los hombros de los empleados públicos”, concluye CSI-F.