El TSJ de Baleares da la razón a CSIF y anula el decreto que regula el requisito del catalán en la Sanidad
17 de Enero de 2020

Triunfo judicial de CSIF

El TSJ de Baleares da la razón a CSIF y anula el decreto que regula el requisito del catalán en la Sanidad

La prestación de servicios públicos a los ciudadanos prima sobre el conocimiento de la lengua

El Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares ha anulado el decreto que regula los requisitos del conocimiento de catalán para el personal estatutario del Servicio de Salud autonómico, estimando así un recurso contencioso administrativo presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

CSIF recurrió este decreto al entender que la regulación del catalán penalizaba los derechos a la carrera profesional y a la movilidad del personal sanitario. En este mismo sentido, el alto tribunal advierte de que “la privación terminante del derecho a la movilidad (del citado decreto) es evidentemente desproporcionada y, con ello, vulneradora de lo dispuesto en el artículo 129.3 del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Por otro lado, la sentencia señala que el proceso de normalización lingüística se anuda por la Ley a la progresividad en el nivel de conocimiento exigible. Sin embargo, puntualiza que “esa progresividad puede verse excepcionada en algún caso, justamente en atención a la ineludible garantía de los intereses generales más prioritarios, esto es, para salvaguardar la prestación efectiva -y satisfactoria- de los servicios públicos esenciales”.

CSIF recuerda que este decreto provocó la salida de profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma. Por eso avisamos de que el citado decreto suponía una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, bloqueando de manera ilegal su derecho a la carrera profesional y a la movilidad voluntaria».

El sindicato se felicita por esta sentencia y recuerda que la lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», ha argumentado el sindicato.

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