La Administración de Justicia comienza el proceso de desescalada sin las debidas garantías de seguridad para la plantilla. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, ha trasladado su rechazo al departamento de Juan Carlos Campo.

CSIF se ha dirigido por escrito tanto al Ministro de Justicia como al de Sanidad para que expliquen por qué hay provincias y Comunidades autónomas que, mañana martes, entrarán en la fase 1 en Justicia mientras permanecen en la fase 0 conforme a los criterios sanitarios.

CSIF exige una evaluación de riesgos o niveles de riesgo específicos en determinadas actividades como (diligencias de calle, salas de vistas, autopsias, manejo de muestras biológicas, archivos con mala ventilación o personas en grupos de riesgo cuando les toque reincorporarse etc…). Para CSIF esta evaluación debería realizarse con carácter previo al inicio de la Fase 1 de desescalada pues, en caso contrario, carecería de sentido y se estaría exponiendo al personal de Justicia en riesgo.

CSIF comparte la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, pero las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada no son suficientes para proteger la salud del personal de Justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo porque:

• ni garantizan test fiables previos a la reincorporación que el CGPJ sí que prevé para jueces y magistrados,y que la CA de Andalucía a requerimiento de CSIF, también va a hacer a sus funcionarios de Justicia.
• ni garantizan la provisión efectiva de EPIS (mascarillas) para todo el personal que se reincorpore y que han brillado por su ausencia desde que comenzó la crisis. No bastan con meros anuncios de que se van a repartir suficientes EPIS, lo que hacen falta son hechos que refrenden ese compromiso como está sucediendo en algunas CCAA.
• ni garantizan la posibilidad de que un funcionario pueda cesar en su actividad en el caso de que no haya EPIS hasta que se le faciliten.

CSIF recuerda que, el 22 de abril, remitió un escrito al Ministro de Justicia para que se iniciara un plan de realización de test fiables a través de la MUGEJU del que todavía no tenemos respuesta.

Además, se da la circunstancia de que el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de Andalucía sí van a hacer test a todo el personal de justicia. Esto demuestra la situación de desigualdad que se va a producir en lo que se refiere de medidas de protección. Por ello, CSIF vuelve a reclamar la realización de test a todo el personal que se reincorpore a sus puestos de trabajo.

El Ministerio plantea una desescalada al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales (la misma denominación de las fases es muy gráfica a este respecto) y no en criterios sanitarios y de salud pública que son, a juicio de CSIF, los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria.

En este sentido, el Ministro de Justicia anunció, a las Asociaciones Judiciales que los Jueces estarían trabajando a final de mes y que los plazos se iban a levantar antes de esa fecha, es decir, al margen de todo criterio sanitario y al margen de las fases establecidas en la desescalada general y en Función Pública.

Por su parte, la propuesta de desescalada del Ministerio de Justicia ha ido cambiando en los últimos días. Hemos pasado de cinco fases a cuatro y de unos porcentajes fijos a unas horquillas e incluso en los últimos días se incorporaban nuevas condiciones a las propuestas que han perjudicado la negociación. Hasta el miércoles a las 10 de la noche no tuvimos un primer documento completo para negociar.

El último plan de desescalada presentado por el Ministerio plantea cuatro fases:

• Fase 1 llamada “Inicio de la reincorporación programada” que, en realidad, se produjo ya con la resolución del Ministro del 13 de abril cuando, el Gobierno aún no había planteado la desescalada general, y que llevó a incorporar al 20-22% de la plantilla de Justicia.

Según el Ministerio se iniciará el 11 o 12 de mayo con la incorporación de entre el 30 o 40% (a decidir por cada Administración y sin consulta a los sindicatos) de la plantilla de cada centro de destino, en régimen de jornada ordinaria o, excepcionalmente, en algunos casos sin precisar cuales, en turnos de mañana y tarde.

En el caso del Registro civil la incorporación es del 100%, sin desescalada y sin haber dejado sin efecto los turnos de mañana y tarde en fin de semana y festivos establecidos el 23 de marzo y que ya no tienen sentido.

• Fase 2 llamada de “Preparación para reactivación de los plazos procesales” que se iniciará cuando, al menos, haya transcurrido una semana desde el inicio de la fase I y a la que acudirían a su puesto de trabajo entre el 60 y el 70% de los efectivos de cada centro de destino.

• Fase 3 llamada de “Actividad ordinaria, con plazos procesales activados”, que se iniciará cuando, al menos hayan transcurrido dos semanas desde el inicio de la fase II y que incorporaría al 100% de los efectivos de cada centro de destino en turno de mañana y tarde.

• Fase 4 llamada de “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”: con el 100% de los efectivos en jornada ordinaria y que se iniciaría en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias cosa que, es previsible que no ocurra hasta que no haya una vacuna o tratamiento efectivo. Es decir, el Ministerio quiere mantener la Fase 3 con la aplicación de las medidas del Real Decreto Ley más allá de los tres meses fijados en el mismo.

Por otro lado, el Ministerio se guarda la posibilidad de incrementar estos porcentajes si lo exigen las “necesidades del servicio”. Una forma de poder acelerar el proceso de reincorporación sin atender a los criterios sanitarios y, además, sin establecer ningún mecanismo de consulta a los representantes sindicales.

El Ministerio se ha equivocado imponiendo unas medidas mediante un Real Decreto Ley

A pesar de ello, en los últimos días, CSIF ha hecho un enorme esfuerzo por acercar posturas con el Ministerio hasta el último momento para intentar buscar un acuerdo de desescalada organizada y coherente con la prioridad de proteger la salud del personal que se incorpore a su puesto de trabajo.

Tras tres semanas desde la solicitud sindical de negociación y sin respuesta por parte del Ministerio, en la reunión con el Ministro del pasado 23 de abril se nos exigió a los sindicatos que firmáramos un cheque en blanco sobre las medidas que iban en un Real Decreto Ley cuyo borrador se negó a facilitarnos, ni siquiera ese mismo día ni dar plazo para que pudiéramos presentar unas mínimas alegaciones. Evidentemente, lo rechazamos.

Unas medidas que, para CSIF, son más efectistas, especialmente con el polémico tema del mes de agosto que ha servido para aclarar que los Juzgados están abiertos los doce meses del año, que efectivas.

La realidad es que estas medidas no sirven para atajar el previsible “atasco judicial” provocado por el parón ocasionado por el coronavirus que ha puesto en evidencia los denominados “males de la Justicia” tras años de instrumentalizarla políticamente y no resolver sus problemas reales.

Para CSIF hace falta mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el Ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha sido trasladado a las organizaciones sindicales de Justicia cuando, sin duda, va a afectar a las condiciones laborales del personal al que representamos. De hecho, CSIF ya ha presentado al Ministerio medidas concretas sin recibir respuesta alguna.

No obstante, CSIF va a seguir siendo el sindicato que antepone el diálogo y la negociación en defensa, únicamente, de los derechos laborales de los empleados/as públicos/as de Justicia y con el objetivo de mejorar el servicio público de la Administración de Justicia. Eso sí, CSIF no va a ser el sindicato que vaya a comulgar con “ruedas de molino” porque así le interese al Gobierno de turno.