La inversión en I+D en España se sigue manteniendo lejos de la media europea
- CSIF advierte que los PGE 2019 no suponen un cambio de tendencia e insiste en la necesidad de un mayor esfuerzo público y privado para conseguir la financiación que nuestros investigadores necesitan.
- La actividad investigadora se ve frenada por una legislación muy rígida y por el incremento de la carga burocrática.
- Se siguen necesitando más recursos humanos para impulsar la investigación.
06 de Febrero de 2019

Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje destinado en España a la I+D+i en el 2017 fue del 1,2% mientras que la media europea estaba en el 2.07% del PIB y países como Francia o Portugal alcanzaban en el 2,25% y 1,67% respectivamente. Se mantiene, por lo tanto, la brecha de inversión con respecto a la media comunitaria.

Si echamos la vista atrás, comprobamos como el gasto en porcentaje de PIB ha retrocedido un 9’7% desde 2008 a 2016. Además, incidiendo en nuestros seculares problemas de transferencia de conocimiento e innovación, nuestras empresas invierten en I+D un tercio de la media europea. Con estos mimbres y según destaca la Fundación Cotec, el objetivo para el 2020 de llegar al equivalente del 2% de la producción nacional sigue antojándose como un reto imposible.

Siguiendo la estadística del INE, en el ranking por comunidades autónomas en inversión respecto al PIB en I+D destacan Euskadi (1,88%), Navarra (1,73%) y Madrid (1,68). Por el contrario. en los últimos puestos aparecen Extremadura (0,62%), Castilla-La Mancha (0,57%) y Canarias (0,5%).

El recientemente presentado Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 recoge 7.413 millones de euros para I+D lo que supone un incremento del 5% con respecto a lo asignado en el 2018, pero todavía es inferior en un 23% a lo incluido en los PGE 2009. Conviene destacar que, además, las dotaciones presupuestarias siguen apostando por una política de préstamos que son créditos que deben devolverse y que suelen quedarse sin ejecutar, frente a una política de subvenciones que va más directamente a los grupos científicos. Con esta política, ¿cuántos años vamos a necesitar para revertir esta tendencia?

Por otro lado, la carga burocrática en las justificaciones de los proyectos I+D+i y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público siguen dificultando la actividad investigadora y produciendo una reducción sistemática del grado de ejecución presupuestaria que cayó hasta el 30% en el 2017.

CSIF también señala que se hacen necesarios más recursos humanos para la investigación y pide la potenciación de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El gobierno debería afrontar con decisión el diseño de una carrera investigadora que permita la estabilización del personal investigador e implementar medidas más atractivas en los programas de captación y retención de talento.

Por último, el sindicato critica el incomprensible retraso en la publicación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) que debería haber estado vigente ya a finales del 2018 y denuncia que, al final, los investigadores en formación (unos 10.000 en Universidades y Organismos Públicos de Investigación) no tendrán derecho a indemnización al finalizar su contrato