A fecha de hoy se desconoce el contenido del reglamento que desarrolla la ley 20/2011 que es una pieza clave en el funcionamiento de este servicio público y del nuevo modelo y que, además, constituye la base normativa junto con la ley, del programa informático DICIREG.

CSIF denuncia la mala planificación de las acciones formativas que se están impartiendo sobre la nueva herramienta informática DICIREG que se simultanean con las tareas propias del servicio público en la emisión de certificaciones, en la tramitación de expedientes de registro civil y en la atención al público, lo que supone un importante incremento de la ya elevada carga de trabajo que tienen que soportar.

Por otro lado, las pruebas que hasta ahora se están llevando a cabo con DICIREG están demostrando que el nuevo programa es una aplicación muy lenta, poco intuitiva, con muchos fallos y con errores en los modelos, lo cual incrementa considerablemente los tiempos en la finalización de cualquier trámite, incluso los más sencillos, como es el caso de las certificaciones registrales, en las que el tiempo empleado en su expedición se multiplica ahora por cuatro, y eso cuando se consigue realizar el trámite exitosamente.

Además, para CSIF es un grave error que se esté implantando este sistema de modo atropellado, en época de vacaciones estivales y sin tener en cuenta la experiencia de los propios funcionarios, que son profesionales que conocen a la perfección los problemas y carencias del Registro Civil.

Falta de negociación del nuevo modelo

CSIF denuncia el silencio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y del propio Ministerio ante los diversos escritos presentados solicitando la apertura de la negociación sobre las cuestiones organizativas que afectan a las condiciones de trabajo del personal de este servicio público. Como hemos repetido en otras ocasiones es un grave error poner en marcha el Registro civil:

• sin un Reglamento en el que se definan claramente las funciones dentro de la oficina y el sistema de delegación de funciones.
• sin la negociación de las relaciones de puestos de trabajo que son el instrumento básico de ordenación de los puestos de trabajo en cualquier administración pública y en la que se determinan las funciones, tareas, responsabilidades, retribuciones y jornada entre otras condiciones de trabajo del personal afectado.
• sin que se defina la posición del Gestor procesal (A2 de la Administración y con titulación de grado) y que, en muchos registros civiles han sido y son quienes llevan el funcionamiento ordinario de este servicio público a través de delegaciones sin reconocimiento retributivo ni laboral alguno.
• Sin que se potencien realmente a las oficinas colaboradoras, que como ya hemos denunciado, se ven devaluadas en la nueva ley en relación a las funciones que ya tenían los Juzgados y Agrupaciones de Paz. No podrán inscribir ni tramitar expedientes tal y como venían haciendo anteriormente. Para CSIF potenciar estas oficinas colaboradoras es una de las claves del éxito del nuevo modelo aprovechando el capital humano de los Cuerpos de Justicia que prestan sus servicios en más de 2.500 Juzgados de Paz y Agrupaciones y en perjuicio de millones de ciudadanos de la España rural.