Como denunció CSIF, el Ministerio de Justicia se ha negado a introducir mejoras en el texto de la proposición de ley bloqueando la mesa de negociación desde el principio.

El pasado viernes, 16 de abril, la proposición de ley de modificación de la Ley 20/2011 pasó por la Comisión de Justicia del Senado sin cambio alguno en su redacción quedando pendiente del trámite del Pleno. Para que pueda entrar en vigor antes del día 30 de abril, tan sólo quedan tres plenos del Senado (27, 28 y 29 de abril).

El Ministerio traslada una nueva versión de las “consideraciones generales” de implantación del Registro civil y un documento nuevo sobre formación. (La versión de finales de enero la puedes consultar aquí), pero los planes de implantación dejan algunas dudas en relación con las condiciones de trabajo de los funcionarios/as del Registro civil. Parece que se pretende implantar el nuevo modelo conforme se ponga en funcionamiento el nuevo programa empezando en el mes de mayo por el Registro civil de Madrid y el Central. El de Barcelona se deja para más adelante y el resto para el año 2022.

Para CSIF el texto era y es manifiestamente mejorable. Para CSIF es imprescindible tener aprobado un Reglamento al que la ley se remite en varias ocasiones para determinar el reparto funcional y lo que denomina “delegaciones” de funciones, así como es esencial para garantizar certeza jurídica sobre condiciones de trabajo y retribuciones que se negocien y aprueben las relaciones de puestos de trabajo que son las que deben permitir que se aproveche el conocimiento, experiencia y potencial de los funcionarios de Justicia y, muy especialmente del Cuerpo de Gestión

En este mismo sentido, es un error que en la Ley no se defina la posición del Gestor procesal (A2 de la Administración y con titulación de grado) y que, en muchos registros civiles han sido y son quienes llevan el funcionamiento ordinario de este servicio público a través de delegaciones sin reconocimiento retributivo ni laboral alguno. En materia de Encargados, CSIF considera inaceptable el nombramiento de los Encargados por el sistema de libre designación lo que supone una nueva injerencia del poder político en un servicio público que controla datos personales muy sensibles de los ciudadanos.

Por otro lado, se insiste en la atribución de funciones en materia de expedientes y celebración del matrimonio para los Notarios cuando se impide que los Registros civiles funcionen a pleno rendimiento en este aspecto permitiendo que los expedientes se puedan tramitar en oficinas colaboradoras y que puedan celebrar matrimonios no sólo los Encargados del Registro civil.

La transición del Registro civil central a la Oficina central del Registro civil, ahora, se plantea de forma paralela a la transformación de las oficinas consulares, pero no se dice nada sobre cómo se va a hacer esta transición y cómo van a quedar los funcionarios/as que prestan sus servicios en esta oficina. En materia de nacionalidades por residencia la solución no son las encomiendas de gestión (que ya se han visto que son un fracaso) ni insistir en el “cuello de botella” que se produce en la DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anterior DGRN) sino en desarrollar las funciones todos los Registros civiles en esta materia aproximando el servicio al ciudadano y agilizando los procedimientos por personal experto.

Las oficinas colaboradoras, como ya hemos denunciado, se ven devaluadas en la nueva ley en relación a las funciones que ya tenían los Juzgados y Agrupaciones de Paz. No podrán inscribir ni tramitar expedientes tal y como venían haciendo anteriormente. Para CSIF potenciar estas oficinas colaboradoras es una de las claves del éxito del nuevo modelo aprovechando el capital humano de los Cuerpos de Justicia que prestan sus servicios en más de 2.500 Juzgados de Paz y Agrupaciones.

Una vez conseguido que el Registro civil se quede gestionado dentro de la Administración de Justicia la falta de negociación y de transparencia en la tramitación de la proposición de ley ha impedido que se puedan defender estas mejoras en la Mesa de negociación y, aún ahora, el Ministerio no se ha dignado a fijar fecha y calendario de negociación. CSIF seguirá en la movilización en defensa de los derechos del personal de Justicia.