El Ministerio se olvida de los 251.000 euros de subvención del INAP de la formación 2020 a los que renunció unilateralmente y es incapaz de facilitar la cifra para este año. CSIF ha puesto de relieve que esas cantidades han sido hurtadas a los empleados del ámbito Ministerio, víctimas una vez más de la gran diferencia existente entre el territorio Ministerio y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

CSIF ha exigido al Ministerio que facilite la cantidad cuanto antes y ha advertido de la gravedad de una sanción por esa absurda renuncia que mermara los fondos de 2021 del instituto que, en realidad, sufrirían los funcionarios/as de Justicia.

Asimismo, CSIF ha señalado las dificultades con las que se encuentran los funcionarios de Justicia para acceder a los cursos del INAP y hemos acordado con el Ministerio que se llevarán a cabo las gestiones oportunas con este organismo para tratar de solucionarlo.

A requerimiento de CSIF, este año el Ministerio va a duplicar el presupuesto destinado a las tutorías. De todos modos, esa cantidad no sale de un incremento presupuestario sino de los “ahorros” que se van a obtener a causa del COVID (desplazamientos y formación on line). CSIF ha instado para que se abonen los atrasos de las tutorías ya realizadas.

Por otro lado, el Ministerio acepta la propuesta de CSIF y anuncia que va a estudiar la posibilidad de hacer un curso de preparación de promo interna a LAJ para los gestores. Una justa reivindicación a la que debe acompañar el incremento de la reserva de plazas y cambios en el proceso selectivo y en la normativa de sustituciones para hacer realidad el ejercicio del derecho a la promoción profesional.

En la reunión del día 9 de marzo, CSIF ha exigido un incremento sustancial en el presupuesto que garantice una formación adecuada y accesible a todos los compañeros y ha denunciado el agravio comparativo entre el presupuesto que se dedica al CEJ frente a la partida de formación, ostensiblemente inferior.

En este sentido, CSIF se pregunta, dónde está el CEJ (Centro de Estudios Judiciales) que es, conforme a su norma reguladora el centro de formación de (TODO) el personal de la Administración de Justicia. CSIF ha insistido en que el CEJ cumpla de verdad con esa función y que no se dedique sólo a la formación de algunos Cuerpos.

En relación a los Cuerpos especiales, tras las presiones de CSIF, este año se van a realizar los cursos propuestos por los representantes de los trabajadores y el Ministerio se ha comprometido con CSIF a solicitar el curso de sumisión química a cargo del Pacto de Estado contra la violencia lo que supondría ampliar la oferta formativa de estos cuerpos. Asimismo, CSIF ha pedido que tengan acceso a la partida presupuestaria del INAP e insistimos en la necesidad de incrementar las cantidades destinadas a la formación del INTCF, así como en la transparencia en la selección del personal.

Por último, para CSIF no se puede hablar de la ambición del proyecto Justicia 2030 y presentar un plan que se mantiene en cuanto a su concepción en los mismos términos que en ejercicios anteriores.

A este respecto, CSIF ha reclamado un plan de formación negociado que responda a una estrategia, estructurado, así como bien dotado económicamente, y ha recordado al Ministerio que la formación es un derecho del empleado público reconocido en la LOPJ y en el TREBEP y, a la vez, es un deber de la Administración prestar una formación suficiente y adecuada a sus trabajadores en relación con sus funciones y con el objetivo de mejorar el servicio público y las opciones de promoción profesional.