Parece que el dinero sobra y entre la documentación facilitada hoy por el INAP para la reunión de seguimiento del plan formativo aparece la renuncia por escrito del Ministerio que deja sin 55 acciones formativas al personal de Justicia del ámbito Ministerio.

Las razones no pueden ser más tópicas. Es evidente que la pandemia afecta a todos y a todo, pero la realidad es que los colegios están abiertos, así como las Universidades y que el propio Ministerio ha celebrado cursos presenciales con el presupuesto propio. En definitiva, el problema vuelve a ser el de siempre, el de la falta de previsión y de medios de protección que se lleva por delante un derecho de los funcionarios/as de Justicia como es el de acceso a la formación.

Esta decisión se ha tomado de forma unilateral sin negociación alguna y sin ni siquiera informar a las organizaciones sindicales. Un hecho muy grave pues afecta a un derecho fundamental y que va a ser puesto de relieve por CSIF delante de los responsables del INAP.

En un escrito dirigido a la Dirección General del Servicio Público de la Justicia, CSIF exige la revocación de esa renuncia y la puesta en marcha inmediata de las acciones formativas. Asimismo, hemos solicitado la convocatoria urgente de la Mesa de negociación para que el Ministerio de explicaciones e informe sobre la forma en la que se van a desarrollar las acciones formativas.