CSIF solicita la suspensión de la actividad ordinaria en los Juzgados y Tribunales, Registros civiles, oficinas fiscales, IML y en el INTCF

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12 de marzo de 2020

CSIF denuncia la grave irresponsabilidad de las Administraciones con competencias en materia de Justicia que han sido incapaces de coordinarse para actuar de forma conjunta frente a la amenaza real que constituye el virus COVID-19.

Para CSIF es lamentable el espectáculo que se está dando en la Administración de Justicia en la que están proliferando protocolos, medidas e instrucciones sobre el coronavirus que no han hecho sino generar mayor incertidumbre y preocupación entre el personal de Justicia.

La sensación de desgobierno con continuas reuniones de Salas de Gobierno, Juntas de Jueces o, incluso, grupos de jueces, letrados e incluso funcionarios para establecer unas pautas o medidas de protección o de actuación es la demostración de esa falta de coordinación que CSIF advirtió que podía producirse en la reunión nocturna celebrada en el Ministerio de Justicia el pasado 10 de marzo y que viene demandando desde que se empezó a hablar del coronavirus en nuestro país.   

Las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado están claramente fuera de la realidad que nos presenta la amenaza de este virus. Pero, la actitud silente del Ministerio ante estas instrucciones absurdas y la falta de coordinación con las CCAA nos están llevando a una situación de riesgo claro para la salud de todo el personal de Justicia con independencia del Cuerpo al que pertenezcan y a una gran incertidumbre sobre el ejercicio de los derechos y permisos reconocidos en sus resoluciones.

En este sentido, dado el avance del virus y la progresión de contagios para CSIF es preciso tomar medidas drásticas para evitar la afluencia de ciudadanos a los órganos judiciales y fiscales, así como a los IML e INTCF.

Es una grave irresponsabilidad que, mientras se cancelan eventos deportivos, musicales, congresos etc… en la Administración de Justicia se permita la aglomeración de personas en unos recintos cerrados y, en no pocas ocasiones, en zonas de espacio muy reducido como pasillos o las propias oficinas judiciales muchas de ellas que apenas pueden albergar al personal con sus mesas, armarios y demás equipamiento de las oficinas.

Además, las medidas de teletrabajo en la Administración de Justicia son una quimera. En primer lugar, porque no todos los trabajadores tienen los medios para teletrabajar por lo que se está condenando a un sector del personal a tomar más riesgos de contagio que a los demás, lo cual es como mínimo injusto. En segundo lugar, porque no está demostrado que un programa que no hace sino caerse día sí, día también o que sufre de lentitud crónica, pueda soportar un uso intensivo de tráfico de datos como el que se puede generar en este caso.

El virus COVID-19 ha demostrado ser muy hábil en el contagio y, con carácter previo a la adopción de medidas de restricción de movimientos y cuarentena, es imprescindible evitar en lo posible la interacción entre personas tanto en las zonas declaradas ya de alto riesgo como en aquéllas en las que hoy no presentan esa característica, pero pueden presentarla en un futuro próximo si no se toman medidas.

Cada vez son más las CCAA que han decretado el cierre de colegios y centros de día y que han acordado la adopción de medidas extraordinarias de flexibilidad horaria y permisos especiales por deber inexcusable para el cuidado de hijos/as menores y de mayores dependientes y la Administración de Justicia no puede ser ajena a este hecho.

El Ministerio de Función Pública ha dictado resolución ampliando el contenido de su resolución del pasado 10 de marzo en el sentido de permitir suspensión temporal de actividad en unidades y centros de trabajo.

Pero, ahí no queda todo, CSIF ya ha pedido al Gobierno del Sr. Sánchez la declaración del estado de alarma por emergencia sanitaria ante el riesgo de desabastecimiento de productos médicos, la falta de personal sanitario y la necesidad de controlar los movimientos de la población en aras

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