Desde que el Ministerio anunció que se iban a acumular los procesos selectivos de 2017 y 2018 y que el sistema de selección sería el concurso oposición, dada la excepcionalidad de los procesos de estabilización y las sentencias del TJUE, no se ha vuelto a convocar ninguna mesa a pesar de las reiteradas solicitudes de CSIF a este respecto.

Fruto del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público suscrito por CSIF, ccoo y ugt en la Mesa General de Función Pública el 29 de marzo de 2017, el número de plazas convocadas en la OEP 2017 y 2018 sujetas a estabilización son 5.437 y de tasa de reposición 2.075, lo que hacen un total de 7.512 que se convocarán para el Cuerpo de Letrados, Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia. Estamos ante la mayor oferta de empleo público de los últimos veinte años en ámbito de la Administración de Justicia, que se ha obtenido gracias a la negociación colectiva y a la presencia de CSIF en la Mesa General.

CSIF ha remitido escrito al Ministerio solicitando que abra la negociación y traslade en la Mesa una propuesta de acuerdo para adaptar a la Administración de Justicia los criterios comunes establecidos por Función Pública que han de regir los distintos procesos selectivos, fruto del acuerdo Marco.

Para CSIF, dado la excepcionalidad de estos procesos, el Ministerio de Justicia tiene una oportunidad única para potenciar, de manera real y efectiva, la promoción interna y convocar una oferta extraordinaria que corrija la reducción de plazas que se modificó en la LOPJ. La propuesta que CSIF ha trasladado al Ministerio para su negociación sobre las bases que han de regir los distintos procesos selectivos, contempla, entre otros, los siguientes criterios:

1. Acumulación de la OEP 2017 y 2018
2. Dadas las características de la Administración de Justicia, como servicio público esencial en el Estado de Derecho, la tasa de temporalidad debe reducirse a un máximo del 6% en todos los cuerpos, frente al 8% acordado en la Mesa General, lo que supondrá un significativo incremento de las plazas convocadas.
3. El sistema de acceso de estas ofertas de empleo público será el concurso oposición.
4. Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios. Para superar los mismos serán necesario obtener el 50% de la nota máxima alcanzada.
5. La fase de concurso se valorará, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con un máximo del 40%
6. En la fase de concurso se valorará la experiencia acreditada en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia, los ejercicios aprobados en anteriores convocatorias, las titulaciones universitarias, especialmente Derecho y otras titulaciones jurídicas, y los cursos de formación homologados por las administraciones públicas.
7. Se reducirá significativamente el temario y el número de ejercicios para las pruebas de Promoción Interna, fijando un único ejercicio para Cuerpos Generales y Especiales y se eliminará el ejercicio oral para el Cuerpo de Letrados, fijando un ejercicio de carácter práctico, escrito y eliminatorio.
8. Se convocará una oferta extraordinaria de promoción interna.
9. Se reservará la nota obtenida para la siguiente convocatoria a aquellos aspirantes que superen los ejercicios de la oposición y no obtengan plaza, pudiendo optar en la siguiente convocatoria a mejorar la nota, con la garantía de reserva de la primera nota si la obtenida fuese inferior.
10. Los aspirantes que reúnan los requisitos podrán presentarse simultáneamente a los procesos del turno libre y a los de promoción interna.

CSIF exigirá al Ministerio la apertura inmediata de la Mesa de Retribuciones por las nuevas funciones y la implicación del personal derivadas de la implantación de las nuevas tecnologías y la oficina judicial y fiscal, la negociación del complemento específico del ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia y el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados con los anteriores equipos ministeriales.

CSIF reiterará una vez más al Ministerio la necesidad de revisar el Libro V y Libro VI de la LOPJ, abriendo un proceso de negociación colectiva que culmine con la presentación por el propio Ministerio de un Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ para mejorar las condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia y el propio servicio público.