CSI·F denuncia el intolerable estado del edificio que alberga el servicio Provincial de Sanidad
10 de Noviembre de 2016

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Su medio centenar de trabajadores van a pasar el invierno bajo un tejado pero sin techo porque la DGA no asigna presupuesto para reparar los desplomes que comenzaron a producirse en 2015

Zaragoza (10/11/2016).- CSI·F denuncia el intolerable estado del edificio que alberga el Servicio Provincial de Sanidad de Zaragoza, una construcción emblemática ubicada en la calle Ramón y Cajal, nº 68, que se ha visto afectada por un serio problema de filtraciones y caídas de techos.

El sindicato considera que la DGA hace dejación de funciones y mantiene a su personal, medio centenar de farmacéuticos y veterinarios del Servicio de Higiene Alimentaria, en unas condiciones laborales que no pasarían ningún filtro de seguridad y salud laboral. Tal y como ha propuesto CSI·F, debería procederse al cierre de las dependencias afectadas y a su traslado temporal a otra ubicación durante el desarrollo de las obras de reparación incluso dentro del mismo edificio, que dispone de espacio utilizable.

Todo comenzó en septiembre de 2015 cuando, literalmente, se desplomaron durante la jornada laboral los techos del servicio de asuntos jurídicos. Posteriormente ocurrió otro tanto en despachos, sala de juntas, escaleras y servicios higiénicos.

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Tras múltiples denuncias internas por la vía administrativa e intentos sindicales de negociar una solución, en este último trimestre del año, la DGA decidió renovar los tejados del edificio para evitar filtraciones pero dejó pendiente la reparación de los techos.

Como consecuencia de esta obra, además, se produjo un cambio de acceso a la zona del Servicio de Higiene Alimentaria. Tanto los empleados públicos como los administrados (bares, restaurantes, supermercados, etc) que hacen uso habitual de este servicio tuvieron que acceder a partir del 8 de noviembre a través de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones, con lo que los usuarios del UASA quedan muy expuestos, lo que supone una grave vulneración del derecho a la intimidad y confidencialidad en un servicio tan sensible.

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Que quede todavía pendiente la reparación de los techos desplomados, para lo que no hay ni presupuesto ni fechas de inicio, la situación actual resulta injustificable: empleados públicos trabajando en condiciones absolutamente precarias (archivadores y otros materiales abarrotando los pasillos, una mesa y un ordenador por cada dos trabajadores, desplazamientos mucho más largos para sortear las zonas precintadas…), cañizos a la vista, vigas al aire y falta de aislamiento, un problema evidente cara al invierno.

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