CSI•F denuncia que la DGA tiene dinero para más de 300 asesores y para la deuda de las empresas públicas, pero no para sus trabajadores
29 de Octubre de 2015
El sindicato considera que es la administración autonómica que peor trata a su plantilla y, ante la falta de una negociación real para la recuperación de los derechos laborales perdidos, anuncia nuevas movilizaciones.


Zaragoza (28/10/2015).-CSI·F considera poco menos que una burla el hecho de que, en la reunión de la Mesa General de Negociación de la DGA mantenida esta mañana, la Dirección General de Función Pública ha aplazado cualquier negociación de reivindicaciones hasta la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016, documento que ni negocian los representantes de los trabajadores ni suelen ser fácilmente modificables una vez aprobados. Las propuestas que CSI·F llevaba a este foro pueden consultarse en el documento adjunto.

CSI-F no acepta la falta de respuestas, la negación de la negociación, los aplazamientos sine die ni la callada por respuesta que hoy ha caracterizado la reunión. Este sindicato no puede sino manifestar su más enérgica protesta y advierte que éste no es el camino para lograr una paz social que la DGA pretende; de hecho, anuncia su intención de iniciar una nueva campaña de movilizaciones.

En los últimos cinco años, los empleados públicos aragoneses han perdido derechos sociales, retributivos y laborales que, sólo parcialmente, ha repuesto el Real Decreto Ley 10/2015, que en nuestra Comunidad Autónoma se va a aplicar tarde y mal. De forma limitada y en perjuicio de los trabajadores y hasta de los propios servicios públicos.

Somos la Comunidad Autónoma que peor trata a sus trabajadores. Otras con una situación económica más apurada, tales como Castilla La Mancha o Valencia, que soportan un déficit muy superior, ya han aprobado, por ejemplo, el pago de la extra a sus trabajadores.

CSI·F cree inadmisible que la DGA no se atreva a decir a los trabajadores a la cara la verdad: que no hay intención de devolver con inmediatez las retribuciones que en su día se sustrajeron, que la voluntad política que pide créditos para salvar la deuda de las empresas públicas y que mantiene a más de 300 asesores en su nómina acaba allí. No quiere reconocer el esfuerzo, la solidaridad y los sacrificios personales y laborales de sus empleados que, con menos salarios, menos derechos y menos plantilla, han mantenido el funcionamiento de los servicios públicos en un nivel similar al que tenían cuando la plantilla era de 1.000 empleados más y el poder adquisitivo entre un 25 y un 30% superior al actual.

Es hora de que la Administración reconozca los esfuerzos de sus trabajadores. CSIF exige la reposición inmediata de todos los derechos perdidos. No queremos aplazamientos, queremos compromisos.

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