CSI•F estudia acciones legales por las trabas de la DGA a las elecciones sindicales del profesorado de la enseñanza pública
03 de Diciembre de 2014

Zaragoza (2/12/2014).-El proceso electoral se ha convertido en un cúmulo de despropósitos por parte de la administración educativa aragonesa hasta culminar en las dificultades que se están imponiendo al profesorado para ejercer su legítimo derecho al voto el próximo jueves, 4 de diciembre. Por eso CSI·F ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el estudio de cuantas acciones legales resulten pertinentes.

Todo empezó con la desidia y los oídos sordos ante las peticiones sindicales que solicitaban activar el proceso antes del verano. Al no ser así, resultó que las reuniones comenzaron a mitad de septiembre y el acuerdo administración-sindicatos llegó tarde, con lo que se publicó en el BOA ya entrado octubre. Y así ha ido todo, caótico y atropellado, con plazos en el mejor de los casos ajustados si no incumplidos.
Hubo problemas y errores en la elaboración de los censos. Se expusieron tarde y mal, no llegándose a hacer en algunos centros en los plazos previstos, a pesar de nuestras denuncias. Por lo tanto, hubo problemas en las posibles reclamaciones. Resultando posteriormente un censo definitivo con errores. Asimismo, el traslado de los censos a las organizaciones sindicales ha resultado más que tardío y sólo efectivo tras innumerables peticiones.
Las papeletas de votación se hicieron tarde y todavía más llegaron a las mesas coordinadoras, lo que produjo otro considerable retraso en el voto por correo que casi ha imposibilitado su emisión por parte de los electores que lo solicitaron.
Más de lo mismo. En la confección de las mesas electorales parciales, en el nombramiento de sus componentes, igualmente todo ha acabado en un despropósito, a pesar de las recomendaciones de nuestra organización.
En su conjunto, todo el proceso está resultando caótico, y termina con las dificultades que se está poniendo al profesorado para ejercer su legítimo derecho al voto, con instrucciones confusas y contradictorias que se intentaron arreglar únicamente debido a nuestras reclamaciones. Aun así, se siguen poniendo palos a las ruedas con las interpretaciones e indicaciones que se están dando por la Administración a los centros, todas encaminadas a restringir la capacidad democrática de decisión del profesorado.
El asunto está muy claro: no interesa a las administraciones ni las elecciones sindicales ni la participación en ellas.

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