CSIF se niega a firmar la propuesta de la patronal del transporte sanitario no urgente
07 de Marzo de 2017

El sindicato exige a los firmantes que expliquen a la plantilla las pérdidas salariales y de condiciones laborales que va a tener que asumir.

Zaragoza (7/3/2017).- CSIF no ha firmado el acuerdo de inaplicación del convenio colectivo vigente que la U.T.E Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón (NTSA) ha llevado a la reunión celebrada esta mañana en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje porque considera que los diez puntos que plantea no sirven para solucionar el actual conflicto del transporte sanitario no urgente de pacientes y chocan frontalmente con los derechos de los trabajadores.

Otras organizaciones sindicales, que sí han estampado su firma, UGT y CCOO, tendrán que explicar a la plantilla lo que, a partir de ahora, va a ocurrir con sus nóminas y condiciones laborales.

La aplicación de la propuesta empresarial va a suponer a cada trabajador una pérdida salarial, no recuperable, de aproximadamente 500 € este año y la aceptación de otras condiciones como son la modificación sustancial –a peor, claro- de las condiciones de trabajo, y otra bajada económica igual si en 2018 y años sucesivos –hasta que haya un nuevo convenio, algo que la empresa dilatará- la empresa no ha conseguido que sus cuentas anuales arrojen un balance positivo. Y estamos hablando de trabajadores con sueldos mileuristas.

El Gobierno de Aragón mira para otro lado

NTSA es, desde el 19 de noviembre de 2014, la adjudicataria del servicio de transporte sanitario no urgente de pacientes en Aragón.

El concurso salió a licitación por una cuantía de 36.517.203,84 millones de euros pero fue adjudicado a NTSA porque ofertó 4.160.000 euros menos, lo que supone una bajada claramente temeraria que sabía de antemano no podría cumplir, salvo a costa de los trabajadores.

Más aún puesto que esta U.T.E no tuvo en cuenta la posibilidad de que se disparase el número de servicios a prestar, lo que le dejó sin derecho a reclamar un pago mayor, y ofreció una serie de mejoras (sillas de rescate para facilitar el desplazamiento de los pacientes en las escaleras o garantía de dotación de dos personas por ambulancia en caso de uso de camilla) que, a día de hoy, sigue sin cumplir.

Es decir, el Gobierno de Aragón no solo permanece ajeno a las más que conflictivas relaciones entre empresa y trabajadores sino que, al parecer, olvida su obligación de vigilar el cumplimiento de los términos de la adjudicación del servicio.

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