CSI·F teme que casi el 40% de los ayuntamientos aragoneses serán intervenidos
05 de Julio de 2013

Zaragoza (5/7/13).-CSI·F teme que la reforma de las administraciones locales que está preparando el Gobierno central va a suponer que, de los 731 ayuntamientos, se lleguen a intervenir por una administración de nivel superior (diputaciones provinciales) casi el 40%. De hecho, la Diputación Provincial de Zaragoza ya ha iniciado los preparativos para la provisión de una plaza de Interventor, con carácter de habilitación nacional, que sustituirá al actual director de Área de intervención y se hará cargo de esta tarea.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, con 888 millones de deuda, pasando por La Muela, Calatayud, Tarazona, La Almunia de Doña Godina o Ejea de Los Caballeros como ayuntamientos más endeudados en la provincia, hasta Monzón en Huesca y Alcañiz en Teruel se verán obligados a tasar los servicios que prestan a los ciudadanos.

Así, las diputaciones asumirán todas las competencias propias de esos ayuntamientos, lo que pondría en serio peligro la continuidad de los puestos de trabajo de sus empleados públicos. El valor de estos servicios municipales intervenidos sería tasado y, dada la deuda que arrastran las arcas municipales, con toda seguridad derivado a la iniciativa privada. Lamenta CSI·F que los entes privados multiservicios creados a tal fin, para garantizarse la rentabilidad, recurrirán a una automática merma de la calidad de los servicios prestados. Otro tanto ocurriría en el caso de los servicios que gestionan competencias asumidas por los consistorios que no les son propias (mantenimiento de centros escolares, servicios sociales…), que serían derivados directamente al Gobierno de Aragón.

La estructura municipal de Aragón, que cuenta con un total de 731 ayuntamientos, sólo es equiparable en España a Castilla La Mancha, comunidad en la que también, de todos los municipios existentes, un 95% cuentan con una población de menos de 5.000 habitantes.

Como alternativa a esta escalada privatizadora, CSI·F aboga por un llegar a un Pacto de Estado para las administraciones públicas, en el que se prime la eliminación de las duplicidades y de los proyectos faraónicos que han disparado el gasto público. Debe promoverse, en cambio, una mayor modernización de las administraciones para mejorar su eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios municipales.

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