DENUNCIA: EL GOBIERNO DE ARAGÓN APRUEBA MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL SIN PREVIA NEGOCIACIÓN.
Ayer se publicaba el Decreto-Ley 4/2020 de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, que en su Capíutulo IV aprobaba distintas medidas en materia de personal que no han sido objeto de negociación previa con las organizaciones sindicales y suponen reducción de derechos y creación de nuevas obligaciones para los empleados públicos.
26 de Junio de 2020

Publicación en el BOA del Decreto-Ley 4/2020 de 24 de junio, del Gobierno de Aragón

En el Capítulo IV de este Decreto-Ley se adoptan medidas que afectan al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos, previendo la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión; estableciendo un régimen especial para la atribución temporal de funciones que permite la reordenación y más adecuada distribución de los efectivos, reiterando el periodo ordinario de disfrute de las vacaciones para el 2020 y previendo la regulación del teletrabajo.

La atribución temporal de funciones ya se aplicó durante el Estado de Alarma por la crísis sanitaria, es una medida contemplada por la normativa ya existente y regulada, pero entendemos que su alcance es de tal magnitud, porque no solo puede alterar las funciones y contenidos del puesto de trabajo, sino que también puede afectar a la localidad dónde se prestan los servicios y puede llegar a modificar la categoría y clase de especialidad del puesto que se desempeña, que altera el contenido de la regulación general de la figura de la atribución temporal de funciones y crea una nueva, de mayor alcance que el que originariamente tenía tanto el espíritu como la regulación de la atribución temporal de funciones.

CSIF entiende que ante situaciones excepcionales caben medidas excepcionales, pero ahora ya no estamos en Estado de Alarma, ni este suspende el derecho a la negociación colectiva ni el de la información a los representantes de los trabajadores. La atribución temporal de funciones tal y como se plantea en este Decreto-Ley dista mucho del contenido del Art. 73.2. del TREBEP que establece que "Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones".

Desde el momento en el que el Art. 11.2. del Decreto-Ley 4/2020 dice que "La atribución temporal de funciones forzosa se ajustará preferentemente a las propias de su cuerpo, escala, clase de especialidad, categoría, subgrupo profesional o funciones que desempeñe el personal afectado..." nos está diciendo que pueden ser otras sin incluir referencia alguna a que resulten adecuadas a su clasificación grado o categoría como hace el TREBEP, lo que hace que se pierda la garantía del Art. 73.2 del mismo de la adecuación de las funciones del nuevo puesto a la titulación, formación, conocimientos, experiencia profesional y competencias del empleado público afectado.

No tenemos por qué desconfiar del sentido común de los responsables en materia de personal de nuestra Administración, pero tampoco tenemos ningún motivo para confiar en ello, y preferimos que las garantías se establezcan por escrito, en una norma jurídica previamente negociada y consensuada con las organizaciones sindicales, representantes y garantes de los derechos de los trabajadores.

La DGA impone también la modificación unilateral de las condiciones establecidas para el disfrute de las vacaciones, más aún cuando, como hemos visto durante la crisis sanitaria del COVID-19, por motivos de conciliación puede hacerse necesario recurrir a días de permiso o vacaciones en caso de estar a cargo de hijos menores de 12 años o de personas dependientes, y los empleados públicos de la Diputación General de Aragón tienen derecho a solicitar vacaciones fuera del periodo ordinario, y a disfrutarlas siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Igualmente tenemos derecho a trasladar al año siguiente las vacaciones que no se hayan podido disfrutar por causas ajenas al empleado, entre las que están las necesidades del servicio, estar en IT o una baja maternal, este derecho lo suspende unilateralmente el Gobierno de Aragón. En el supuesto de una nueva oleada de COVID-19, que es para lo que nos tememos que se publica este Decreto-Legislativo, se están limitando los derechos y las posibilidades de conciliación en la DGA.

CSIF denuncia además del contenido normativo de estas medidas, que no se haya informado a los representantes de los trabajadores de las mismas y se hayan excluido de la negociación, estableciendo una regulación unilateral que ha impedido la defensa de los derechos de los empleados públicos de la Diputación General de Aragón.

De inmediato vamos a remitir a nuestros servicios jurídicos el contenido de este Decreto-Legislativo para que procedan al estudio de la legalidad de las medidas en el contenidas.