LAS PLANTILLAS DEL IASS NECESITAN UNA REVISIÓN URGENTE
En la reunión de la Mesa Sectorial de Administración General mantenida hoy, 15 de Junio de 2020, entre los representantes del Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales presentes en la misma (CSIF, CCOO y UGT), hemos trasladado al Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios la exigencia de una urgente revisión de la situación de las plantillas del IASS, haciendo una somera exposición de la situación actual de la misma.
15 de Junio de 2020

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es un organismo de la Diputación General fundamental en la atención a las personas con necesidades especiales y a la Tercera Edad en Aragón, sus centros son referencia para todos los del sector privado -y para aquellos de construcción oficial y gestión cedida a terceros-, pero arrastran carencias en materia de personal de difícil solución si el Gobierno de Aragón no contempla de inmediato y con urgencia una revisión de sus plantillas.

Durante el desarrollo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 se ha reflejado la importancia de disponer de un sistema sociosanitario bien dotado que sea capaz de afrontar las contingencias extraordinarias que en materia de salud puedan acontecernos.

Más allá de las situaciones de emergencia que puedan darse CSIF considera que es hora de revisar el sistema asistencial de nuestra comunidad autónoma, que la atención a la tercera edad y a las personas con necesidades especiales requiere disponer de los medios materiales y personales necesarios para que los servicios que se prestan sean de la mayor calidad y la prestación de los mismos no comprometa la salud y los derechos laborales de los trabajadores que los ejecutan.

En contraste con ello, venimos observando que los centros sociosanitarios adscritos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) vienen sufriendo en los últimos años graves problemas de personal.

Desde su transferencia, han variado notablemente las características de los usuarios e internos, incrementándose, hasta llegar a prácticamente el 100% los usuarios asistidos con grandes discapacidades.

Las ratios del personal en su momento se calcularon teniendo en cuenta todos los trabajadores de los centros, tanto los que prestan asistencia directa a usuarios como los de otros servicios auxiliares y personal administrativo, esto distorsiona la realidad y falsea la adecuación de las plantillas a los servicios prestados.

En concreto, en las TCAE, las funciones a desempeñar, las características de los puestos y el envejecimiento de las plantillas, hacen que sea un colectivo con una especial incidencia de absentismo laboral debido a enfermedades laborales y a la vez que el número de puestos adaptados sea notablemente superior al existente en otras categorías profesionales.

CSIF considera y solicita que se revise la situación de las plantillas y que se doten adecuadamente para afrontar las necesidades de sus usuarios.

CSIF solicita que la cobertura de vacaciones para estos centros sea del 100% para todas sus categorías, puesto que no se reduce ni el número de usuarios ni el volumen de trabajo de los mismos.

CSIF solicita que se cree un sistema de provisión coherente con la realidad de los servicios, que se reduzca el porcentaje de interinidades, que se articule un sistema de bolsas capaz de cubrir todas las necesidades de los centros, que se establezcan incentivos para mejorar las condiciones del personal, que sufre agravios comparativos con sus equivalentes del SALUD y que se mejoren las condiciones laborales de los centros del IASS.

No debemos mirarnos en la empresa privada y esgrimir argumentos como "pues gracias a que tenemos estás ratios, que si no estaríamos como las residencias privadas", tampoco podemos esgrimir razones económicas ni estructurales para justificar las carencias de uno de los pilares básicos del estado del bienestar en el que aspiramos a vivir, la asistencia social y sanitaria es fundamental del mismo. Más al contrario, los sistemas de Salud y Sociosanitarios deberían ser modélicos, y la legislación debería endurecerse, tanto en lo que se refiere a las exigencias de calidad de los centros y servicios prestados por el sector público, como para la concesión de licencias de aperturas de aquellos que prestan servicios en el sector privado, y en la vigilancia de sus buenas prácticas. Ni la salud, ni el bienestar de nuestro mayores y de las personas con necesidades especiales han de ser ni negocio, ni moneda de cambio política. Tampoco pueden serlo las condiciones laborales de los empleados públicos que prestan servicio en este sector.