PROVISIÓN DE PUESTOS

Desde CSIF denunciamos la problemática derivada de la aplicación de la normativa que regula los concursos de traslados en el Sector de la Administración General y el desarrollo general de estos procesos.

Con unos baremos en los que prima el criterio del área funcional, en la que se exige una puntuación mínima que si no es alcanzada supone que no se valore el resto de los apartados que puntúan en los concursos y que como punto de partida limita la movilidad del personal y como consecuencia final hace que si no se está trabajando, ya sea con un puesto de carácter definitivo, ya sea en comisión de servicio, una adscripción temporal o una asignación temporal de funciones en un área sea imposible obtener un puesto de trabajo en la misma.

Esto da lugar a un constreñimiento y limitación de la movilidad inadmisible en puestos de que no requieren una especialización, ni formativa ni profesional, que excede de los necesarios para desempeñar cualquier puesto del mismo grupo o clase de especialidad, sea puesto base o puesto singularizado, para los que cualquier funcionario que accede a ese grupo está cualificado desde el momento en que supera unas pruebas selectivas, y que limitan artificialmente la promoción profesional y la movilidad geográfica, más aún cuando incluso puestos singularizados, por ejemplo Jefaturas de Sección, están ocupados por personal interino.

A esto hay que añadir, que las comisiones de valoración, órganos que establecen los criterios de valoración y aspectos que resultan determinantes en la adjudicación de las plazas, son soberanas y gozan de una autonomía tal que puede dar lugar a decisiones arbitrarias y generando una inseguridad jurídica inaceptable en el seno de la Administración Pública.

Esto da lugar a agravios comparativos generados por los procesos en sí y la misma normativa que los regula. Si además, las comisiones de servicio, a las que no se accede en igualdad de oportunidades ni están abiertas a cualquier funcionario, hacen que se obtenga puntuación en los apartados que afectan al área funcional, estos agravios se hacen aún más graves y hacen que en la práctica si no se ha estado ocupando el puesto o se procede del área, sea imposible obtenerlo en propiedad.

Si analizamos los actuales sistemas de provisión, sin entrar en la “libre designación”, vemos que la comisión de servicio presenta disfunciones en su aplicación práctica. Para ocupar un puesto en comisión de servicio no es necesario poseer ningún mérito específico en el área funcional, habitualmente no sirve para solventar situaciones de urgencia, y en muchas ocasiones sólo sirve para premiar a determinados empleados públicos que acceden a ellas designados sin mediar ni concurso ni otra valoración objetiva. Se accede en definitiva sólo por la voluntad de aquél que tiene poder para asignarla y además, generalmente incumplen los plazos máximos legalmente previstos, ya que se alargan durante años convirtiéndose de hecho, en una vía para ocupar el puesto de forma definitiva.

CSIF denuncia esta situación y exige a la DGA que revise los criterios y baremos aplicables en los concursos, que elimine las limitaciones derivadas de la valoración de las áreas funcionales y que estén clara y previamente determinados los cursos que se valoraran para acceder a los diferentes puestos y áreas.
Hay que evitar por todos los medios que la puntuación obtenida en los concursos varié en función de la composición comisión de valoración de turno, muchas veces influida por “consignas” departamentales o influencias de dudosa procedencia.

Exigimos la publicidad, la seguridad jurídica, y que se garantice el derecho a la movilidad y su ejercicio real por parte de los empleados de esta Administración.

Por estas razones, pedimos:

a) Modificación del actual sistema de provisión de puestos para hacerlo más transparente y respecto estricto de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

b) Regulación de las comisiones de servicios mediante un sistema más objetivo y público, similar al existente en el Sector Docente.

c) Catalogación de los puestos de trabajo, con asignación del nivel real correspondiente a sus funciones y responsabilidades.

d) Concursos de traslados permanente y abiertos de carácter anual, convocando todas las vacantes y con la inclusión de las posibles resultas.

e) Proponer un procedimiento reglado y transparente de designación de los Tribunales de selección y valoración que garantice la objetividad y capacidad de los mismos, sin que en su composición ni designación intervenga ningún alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma.

f) Ofertar las vacantes de puestos preferentemente al personal fijo y en el caso de no existir solicitudes, cubrirlas mediante las bolsas de trabajo de empleo temporal.

g) Establecimiento de un catálogo de cursos homologados por grupos profesionales que sean valorados en todos los procesos de movilidad.

h) Garantizar y facilitar el derecho a la formación de todos los empleados públicos, incluso los destinados en zonas rurales.

i) Refuerzo de la formación ampliando el catálogo de cursos on-line.