CSI•F ya no acepta más excusas repetidas y exige a la DGA que termine de pagar la extra de 2012
Si es capaz de conseguir llevar adelante unos presupuestos, deberían incluir una partida reservada para cumplir su compromiso. Si no, el proceso judicial seguirá su curso.
26 de Enero de 2017

Zaragoza (26/1/2017).- Ni Fondo de Liquidez Autonómico ni crisis. Son excusas a las que recurre para justificarse el Gobierno de Aragón con un empeño digno de mejor causa. Hoy las ha vuelto a reiterar, en esta ocasión por mandato judicial, en una Mesa General de Negociación. El hecho incontestable es que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Fernando Gimeno, se comprometió por escrito a devolver a los empleados públicos aragoneses la extra que se les había robado en 2012. Y que no ha cumplido.

A diferencia del consejero, CSI·F sí cree en la negociación colectiva y respeta los pactos y acuerdos fruto de la misma. Cree en la presumible buena voluntad de las partes firmantes y en el respeto entre ambas, y respeta y se debe, ante todo, a los trabajadores a los que representa.

Por eso, una vez agotada la paciencia, el sindicato ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por este incumplimiento que se hace especialmente doloroso porque en otras administraciones de nuestro ámbito territorial ya han percibido la extra íntegramente (Cortes de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, etc.)

Si es capaz de conseguir aprobar unos presupuestos para 2017, el Gobierno de Aragón debe incluir en ellos una partida reservada a saldar esta deuda cuanto antes. Y esa inclusión debería hacerse con un articulado claro y vinculante que evite cualquier tipo de interpretaciones legales interesadas. Se trata de no dar ocasión al presidente Lambán de reiterar públicamente su deseo de "cumplir" con los funcionarios, limitado por su incapacidad “de hacer milagros".

Y es que CSIF ha perdido totalmente la confianza en un Gobierno que incumple repetidamente lo que firma, especialmente los compromisos que asume en época preelectoral, que no dedica ni un minuto de su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad a los empleados públicos y que mantiene estancado el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón.

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