Marejada, y fuerte, en la función pública. ¿La causa? Una reciente sentencia de la

sala de lo contencioso del Tribunal Supremo que obliga a las distintas

administraciones públicas a incluir en sus ofertas de empleo público las plazas de

los interinos.

La sentencia la firma la sección séptima del TS, cuyo presidente es el magistrado

José Manuel Sieira, y declara contraria a la legalidad la oferta de empleo público

realizada en 2007 por el Gobierno de Aragón, que excluía a los interinos de la

convocatoria por entender que de esta manera se mejoraban los procesos

selectivos. El Ejecutivo argumentaba, además, que así se impedía que “bajara la

calidad de los seleccionados”.

El Supremo rebate de principio a fin este argumento y recuerda que tanto el

Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de la Función Pública de

Aragón obligan a incluir a los interinos en las convocatorias para asignación de

nuevas plazas. En el primer caso, la legislación estatal precisa que “las plazas

vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta

de empleo correspondiente”, mientras que la ley aragonesa habla incluso de que

esa inclusión debe hacerse “en la primera oferta que se apruebe”.

Pues bien, pese a estos mandatos legales tan nítidos, el Gobierno de Aragón

–como hacen otros ejecutivos regionales- hizo exactamente lo contrario, y eso dio

a pie a que la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón

presentara un recurso de casación. Al ser la primera sentencia del Supremo sobre

este asunto, no crea jurisprudencia y sólo afecta a las partes implicadas, pero

fuentes jurídicas aventuraron nuevas decisiones judiciales en esa dirección, toda

vez que la casuística es común en otras comunidades autónomas. Tan sólo en

Aragón hay en estos momentos más de 2.000 empleados públicos en situación de

interinidad.

El Supremo recuerda en la sentencia que los interinos son funcionarios que por

razones “expresamente justificadas de necesidad y urgencia” son nombrados

como tales para desempeñar su función. Y que si no cumplen los requisitos para

ganar una plaza, los responsables serían en última instancia los tribunales

calificadores a la hora de exigir “capacidad y mérito”, como exige la Constitución

española, además de igualdad a la hora de proveer las plazas de la función pública.

Los autores de la sentencia recuerdan, en este sentido, que nada obliga a cubrir

todas las vacantes en cada una de las convocatorias si no se cumplen los

requisitos de cualificación profesional.

El Tribunal Supremo argumenta, asimismo, que tampoco el Gobierno de Aragón

puede alegar motivos económicos y de autoorganización, toda vez que las plazas

“están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos”. Este argumento,

según Julio Guiral, de la Asociación para la Defensa de la Función Pública, es

importante porque rompe una doctrina imperante hasta la aprobación del Estatuto

del empleado público.

En la sentencia se obliga a pagar las costas a la Federación de Empleados

Públicos de CCOO de Aragón, que había recurrido por falta de legitimidad el recurso

presentado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública.