CSIF DENUNCIA EL INMINENTE COLAPSO DEL JUZGADO DE INCAPACIDADES DE ZARAGOZA.
NOTA DE PRENSA EMITIDA AYER POR CSIF A TODOS LOS MEDIOS DE PRENSA ARAGONESES
18 de Septiembre de 2018

CSIF lleva ya más de 10 meses peleando contra la Administración para conseguir que no empeore la gravísima situación por la que, en estos momentos, está atravesando el Juzgado de Primera Instancia 13 de Zaragoza (Incapacidades).

El último escrito que CSIF envió a la Directora General de Justicia e Interior poniendo de manifiesto esta situación fue remitido hace ya 11 días, y todavía no hemos recibido respuesta alguna por parte de la Administración.

¿Qué ha de suceder para que la Adminstración tome conciencia real de lo que esta pasando y tome las medidas justas, y no actuar justo al contrario?

A continuación la nota de prensa emitida:

La decisión de la Directora General de la Administración de Justicia de suprimir a finales de este mes de septiembre el personal de refuerzo que presta servicio en el Juzgado de Incapacidades de Zaragoza es una decisión unilateral, totalmente errónea y cuya consecuencia inmediata a corto plazo será el colapso absoluto de este ya sobrecargado órgano judicial.

No se han dado a conocer los motivos de esta decisión. Sin embargo, este personal lleva reforzando al juzgado desde enero del año 2016, para poder asumir todo el volumen de trabajo que se lleva soportando desde 2014 y cuyo mantenimiento ha sido avalado desde entonces por el propio Consejo General del Poder Judicial, y por los informes emitidos tanto por el Magistrado como por el Letrado del propio Juzgado.

Y este volumen de trabajo cada año aumenta. Las estadísticas del CGPJ son muy claras. El Juzgado de Incapacidades de Zaragoza continúa con su reiterada escalada ascendente en el aumento de carga de trabajo y de asuntos pendientes. Solo en 2017, las sentencias dictadas en este año han sufrido un aumento de un 88% con respecto al año 2016. Sentencias de las que derivan los procedimientos de tutelas y curatelas, que lógicamente aumentaron en 2017, disparando el porcentaje a un 65% con respecto al año 2016.

Traducido a la práctica, esto supone que a partir de ahora, un ciudadano que acuda a este Juzgado para realizar una solicitud de incapacidad tendrá que esperar una media de 14 meses hasta que se dicte sentencia de su procedimiento, frente a la media actual de 8 meses. Y aquellos ciudadanos que después de la sentencia tengan que iniciar un expediente de tutela o curatela tendrán que pasar de esperar 4-5 meses de media a tomar posesión de su cargo, posiblemente a una media de 7 meses como mínimo.

Sin olvidar que la escasez de medios personales se acrecentará. El personal que conformará la plantilla de este juzgado a partir del 1 de octubre será inferior con respecto a la de Juzgados de Incapacidades como Madrid, Barcelona o Valencia, con cargas de trabajo muy inferiores.

Ante esta situación, CSIF ha solicitado por escrito a la Directora General de Justicia que reconsidere esta sangrante decisión, renueve los nombramientos del personal de refuerzo en este órgano judicial, y lo mantenga de forma permanente hasta que se equipare esta plantilla al resto de juzgados del Estado con la misma especialidad.