La publicación de estas plazas está prevista para el próximo 10 de agosto y, según hemos podido saber, el 70% de las plazas ofertadas en el ámbito del Ministerio están radicadas en las Baleares donde conseguir una vivienda es casi misión imposible para los empleados públicos que, en muchos casos, viven en condiciones de gran precariedad. Con esta oferta el Ministerio parece que pretende afrontar la altísima temporalidad de las Baleares obligando a cientos de opositores a elegir plazas en esta Comunidad autónoma. Para CSIF es un tremendo error que, además, no resuelve el problema de fondo. CSIF está intentando hablar con el Ministerio sin respuesta alguna… dada las fechas en las que estamos.

El Ministerio vuelve a castigar a los opositores de su falta de previsión y sus retrasos porque esta oferta de empleo público debería haber estado finalizada hace más de año y medio mucho antes del concurso de traslado y no, mientras está convocado, en este caso, el correspondiente a 2018.

Esta circunstancia supone un obstáculo más del Ministerio a la promoción interna real y efectiva que comenzó hace tres años con la reducción de la reserva de plazas y continuó estos años sin que se haya realizado una oferta de promoción interna independiente. La mayoría de los aspirantes de promoción interna ven cómo existen plazas vacantes en su provincia o incluso en su localidad que no forman parte de esta oferta mientras que sí se han incluido otras, lejos de sus lugares de residencia y hasta un 70% en las Baleares. De esta forma, el propio Ministerio está provocando que cientos de plazas queden sin ocupar al optar sus adjudicatarios por permanecer en excedencia en el Cuerpo al que han accedido tras el proceso selectivo por no poder asumir el coste económico, familiar y personal del traslado.

Con los miles de vacantes reconocidas por el propio Ministerio de Justicia en su ámbito, la oferta de plazas que pretende realizar a los aprobados de Gestión y Tramitación no parece la más adecuada ni acorde con el esfuerzo realizado para superar el proceso selectivo.

Además, para CSIF existe otro problema que comparten ambos turnos. Para CSIF, el problema de la altísima temporalidad en Baleares no se puede paliar obligando a cientos de opositores a residir en una Comunidad donde, por ejemplo, la vivienda es un gran problema hasta el punto de que, muchos empleados públicos no pueden encontrar una vivienda digna. El Ministerio debe acometer, de una vez por todas, el incremento de las retribuciones en dos conceptos:

• Uno general que afecta a todo su ámbito competencial que no es otro que incrementar el complemento específico transitorio para eliminar la grave discriminación salarial que afecta a los funcionarios destinados en el ámbito del Ministerio respecto de los del resto de CCAA realizando las mismas funciones y asumiendo idénticas responsabilidades y que se cifra en un máximo de 600 euros y eliminar las diferencias entre los grupos de población del complemento general del puesto igualando este concepto al alza.

• Uno específico de las Baleares en el marco de la campaña de reivindicación que está liderando CSIF en todos los ámbitos de la administración pública en las islas. Es imprescindible el incremento del complemento de insularidad que atienda las peculiaridades de la vida en un lugar tan turístico como las Baleares, los altos precios o los problemas de vivienda de los que se hacen eco los medios de comunicación un día sí y otro también.

CSIF se ha dirigido por escrito al Ministerio de Justicia reclamando que reconsidere la distribución y amplíe la oferta de plazas para Gestión y Tramitación dentro de su ámbito.