CSI-F avisa que el conflicto con los jueces se puede extender al resto de los trabajadores de la Justicia
06 de Febrero de 2013

Espera que este jueves se abra un proceso para revisar la precaria situación de la justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, emplazó este martes al ministerio del ramo a abrir un proceso de revisión de las condiciones en las actualmente se presta la Administración de Justicia en España, dado que el conflicto de magistrados y fiscales puede extenderse al resto de los profesionales de esta administración.

El próximo jueves, la Plataforma Justicia para Todos (sindicatos, asociaciones profesionales y de consumidores) mantendrá una reunión con el subsecretario del ministerio. CSI-F espera que de esta reunión, junto a la mesa sectorial abierta tras las presiones sindicales y de los ciudadanos a través de sus firmas contra la Ley de Tasas, salga un compromiso claro de afrontar los problemas que afectan a la justicia, de manera negociada con las diferentes partes implicadas.

CSI-F recuerda que la Administración de Justicia va más allá de los 4.500 jueces de nuestro país. Concretamente, existen más de 60.000 funcionarios de Justicia en toda España, que mantienen en pie el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, a pesar de la precariedad de medios.

Por eso, cree que las reformas en la justicia han de ser resultado de la negociación y del acuerdo, frente a la imposición o el seguidismo a intereses corporativos. En este sentido, espera que se empiecen a discutir cuestiones tan sensibles como la ley de tasas, la privatización del Registro Civil y de los actos de ejecución, así como el necesario proceso de modernización de la Justicia.

Para ello, y frente a la externalización y privatización de los servicios, considera necesario situar a los funcionarios en un lugar central, tanto en el diseño, como en la implantación y el desarrollo, reconociendo sus funciones y ampliando los medios personales y materiales.

CSI-F va a volcar todos sus esfuerzos en el proceso de negociación abierto. Por eso, el ministerio tiene ahora la responsabilidad de responder a esta voluntad de diálogo. De su actitud y por tanto, del resultado de la reunión del próximo jueves, dependerá la intensidad y el alcance de las medidas de presión. CSI-F siempre va a adoptar las decisiones que considere más oportunas para defender los intereses de los profesionales de la justicia y la calidad del servicio público