POSTURA DEL SECTOR DE SANIDAD DE CSI·F ANTE EL REAL DECRETO LEY 16/2012 DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES
10 de Mayo de 2012

Informe del Sector de Sanidad de CSI·F sobre el Real Decreto Ley 16/2012, con la opinión del sindicato sobre determinados aspectos contenidos en el mismo

Capítulo I
Delimita el derecho a la asistencia sanitaria con fondos públicos a las personas que tengan la condición de asegurado - estableciendo los criterios que se deben cumplir- o de beneficiario del asegurado. Delimita la asistencia sanitaria a la que tendrán derecho los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España.
Postura CSI-F:
· La exclusión como beneficiario del asegurado, y por tanto de la asistencia sanitaria, de los descendientes mayores de 26 años o discapacitados con grado menor del 65%, nos plantea la duda de si estarán contemplados en el párrafo que dice “podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”. Esta duda deberá ser despejada en las normas que desarrollen el RDL.
· El hecho de limitar la asistencia sanitaria a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, a las propias de los Servicios de Urgencia – excluyendo embarazo, parto y postparto-, no conseguirá otra cosa que incrementar los ya sobrecargados servicios, derivándose todo lo que antes se hiciera en atención primaria a la hospitalaria. A la hora de redactar este informe la Ministra informa que la asistencia primaria de este colectivo estará asegurada, mediante convenios de las CCAA con las ONGs o entidades que actualmente se ocupan de ellos. Por tanto en algunas CCAA se hará y en otras no, incrementando con ello el agravio comparativo. Acabar por decir que la medida atenta contra la ética del personal sanitario al que se obligaría a negar asistencia sanitaria por “falta de papeles”.

Capítulo II
Sobre la cartera común de servicios.
La subdivide en tres categorías: básica, suplementaria y accesoria.
Básica: Todo lo que se realiza dentro de los centros sanitarios o socio sanitarios, más el transporte sanitario urgente, que quedan cubiertos de forma completa por financiación pública.
Suplementaria: Prestaciones ambulatorias que incluyen las farmacéuticas, ortoprotésicas y de productos sanitarios, así como el transporte sanitario no urgente, están sujetas a aportación por el usuario con el mismo porcentaje que después se fija para las farmacéuticas y sin aplicarles ningún límite de cuantía.
Accesoria: Actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no son esenciales o sirven de apoyo para la mejora de patologías crónicas, estarán sujetas a aportación y/o rembolso por parte del usuario, en los mismos términos que regulan la prestación farmacéutica. Se tienen que delimitar cuales son, su financiación, etc. y mientras no serán efectivas.
Por otra parte, se regula la cartera de servicios complementarios de las CCAA, que deberá incluir como mínimo la cartera común del SNS. Y los que vayan más allá, tendrán que cumplir con la garantía financiera, excluyéndose de la financiación general de prestaciones del SNS. Precisa informe previo del Consejo Interterritorial.
Postura CSI-F:
· La inclusión del transporte sanitario no urgente en la cartera de servicios suplementaria, sin límite de cuantía por su utilización y con los mismos porcentajes de la prestación farmacéutica, nos lleva a la reflexión de ¿que pasará con enfermos crónicos o minusválidos?, que precisan para control y tratamientos periódicos ese medio de transporte. Ejemplo de ellos son los pacientes en hemodiálisis o los pacientes con cáncer sometidos a quimio y radioterapia, o las minusvalías con deterioro de la autonomía, etc. Esperemos que, como se contempla en el punto siete sobre desarrollo de la cartera común, el contenido de la cartera común de servicios contemple estos y otros casos.
· Aunque se asegure la cartera común en todas las CCAA, el hecho de permitir una cartera complementaria, se enfrenta a la lucha de CSI-F por un SNS cohesionado, ya que incide en la desigualdad en función del lugar de residencia, aunque en este caso al Gobierno parece no importarle ya que las comunidades autónomas la asumirán, con cargo a sus propios presupuestos.

Capítulo III
Crea el Fondo de garantía asistencial, para garantizar la cobertura sanitaria de los desplazados entre CCAA, así como fija el importe de las cuantías a liquidar en función del tipo de desplazamiento.
Postura CSI-F:
· Nos parece adecuada cualquier medida que facilite una atención sanitaria integral, estemos o no en nuestra comunidad de residencia.

Capítulo IV
Medidas sobre la prestación farmacéutica.
Establece los criterios para la prescripción, los sistemas de información para su apoyo, la exclusión de la prestación de medicamentos y productos sanitarios, que deben constar en una resolución motivada por alguno de los criterios que cita. Los medicamentos excluidos tendrán un precio tasado que deberá ser aprobado por una comisión interministerial. Los criterios para la exclusión incluyen fundamentalmente: medicamentos sin receta, que no se utilicen para el tratamiento de una patología específica, los cosméticos, aguas medicinales, elixires, dentífricos o los medicamentos indicados en el tratamiento de síndromes y/o síntomas de gravedad menor.
Se determinan los criterios para la fijación de precios, así como el sistema de precios de referencia al que estará sometida la financiación pública de medicamentos.
Se modifica en la Ley de garantías de uso racional del medicamento las obligaciones de los pacientes, en cuanto a la aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, en los porcentajes ya conocidos y que no quiero repetir aquí, llamando la atención acerca del hecho de que lo que paguen por encima del límite establecido para las aportaciones de los pensionistas, les será rembolsado con una periodicidad máxima semestral.
Asimismo se determina quienes están exentos de aportación: afectados del S. tóxico, discapacitados, perceptores de rentas de integración social, pensiones no contributivas, parados sin subsidio de desempleo y los tratamientos para los accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
Postura CSI-F:
· Absoluta reserva acerca de la exclusión de medicamentos de la financiación pública, hasta tanto no se hagan públicos los listados, aunque el hecho de que entre los criterios para su exclusión se incluyan los que no precisan receta o los indicados en síndromes y/o síntomas de gravedad menor, nos hace pensar que, al aumento en el porcentaje de aportación de los financiados, se sumará una importante y muy demandada lista con aportación del 100% por parte del usuario.
· Por otra parte consideramos que no se ha introducido ningún concepto nuevo, sino que se ha modificado el copago farmacéutico ya existente, diferenciándolo por el nivel de renta y no por la situación laboral de activo o pasivo, lo que desde un punto de vista social resulta más equitativo.

Capítulo V
Recursos humanos.
Llama la atención que modifica el art. 25 de la LOPS titulándolo como Áreas de capacitación específica, que es el título del art. 24 que no ha sido modificado.
Fija los criterios para dicha capacitación en que los solicitantes tengan una experiencia de trabajo de al menos 2 años en la especialidad en la que se ha constituido dicha área de capacitación.
Se determinará mediante una Orden los requisitos de acreditación por Centros y unidades docentes.
Se modifica la disposición transitoria quinta de la LOPS, para incluir además de los nuevos títulos de especialistas, los diplomas de las áreas de capacitación, posibilitando el acceso al nuevo título a los que hubieran prestado servicios previos en la especialidad o área de que se trate.
Se añade una disposición adicional décima a la Ley de Cohesión para incluir el Registro estatal de profesionales sanitarios, que se nutrirá de distintas fuentes públicas o privadas que estarán obligadas a facilitar los datos, con compromiso de implementarlo a todas las profesiones sanitarias.
Modifica el art. 15 del Estatuto Marco haciendo que corresponda al Ministerio de Sanidad la aprobación de un Catálogo homogéneo donde se establezcan las equivalencias de las categorías profesionales.
Modifica el art. 41 del EM vinculando las retribuciones complementarias a la evaluación del desempeño, la productividad, etc., así como que se adopten medidas para que se pague por la actividad realmente realizada.
Deja en manos de las CCAA la prestación económica del personal estatutario cuando esté en situación de incapacidad temporal.
Dispone que el personal funcionario titular de los Servicios sanitarios locales, y el resto de funcionarios que presten sus servicios en Instituciones sanitarias públicas, tiene un plazo hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse como personal estatutario; caso de no hacerlo será adscrito por las CCAA a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias.
Se suprime la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona en Andalucía y Cataluña con el mismo límite temporal que el anterior.
Se excluye de la acción social a los jubilados.
Postura CSI-F:
· Respecto del contenido acerca de la formación especializada, áreas de capacitación y acreditación de centros y unidades docentes, CSI-F urge al Gobierno a que acelere los borradores, ya existentes desde la anterior legislatura, sobre troncalidad y creación de nuevas especialidades.
· La inclusión del Registro estatal de profesionales sanitarios en la Ley de Cohesión, es una vieja reivindicación de CSI-F.
· Lo mismo opinamos de la homologación de las categorías profesionales, que CSI-F ha llevado como bandera a la Mesa Sectorial estatal de sanidad o al Foro Marco para el diálogo social.
· CSI-F no se opone a medidas que incrementen la productividad, o a retribuir en función del trabajo realizado, pero la experiencia nos enseña, que desde que el Estatuto Marco dejó las competencias de las retribuciones complementarias en manos de las CCAA, las desigualdades interterritoriales han sido tremendas, las retribuciones complementarias han sido utilizadas de manera torticera, para efecto llamada, con diferencias inasumibles en conceptos como C. específico, de destino, por jornada complementaria (guardias), etc. CSI-F ha solicitado reiteradamente que estas retribuciones complementarias vuelvan a ser competencia estatal, y las ligadas a productividad sometidas a criterios básicos.
· Dejar en manos de las CCAA la prestación económica del personal estatutario cuando esté en situación de incapacidad temporal es otro atentado contra la cohesión del SNS.
· Respecto a la integración de APDs y cupo y zona nos remitimos al comunicado específico de CSI-F sobre este tema. Tan solo recordar que se instará al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad.
· Por último exigir al Gobierno que todos los temas en los que los sindicatos somos competentes según Ley debemos ser previamente consultados, exigiendo la necesaria negociación previa.

Disposiciones transitorias y derogatorias.-
Se deroga en su totalidad el Estatuto del personal sanitario no facultativo, ya que el EM excluyó el art. 151 de éste, que tiene que ver con el cobro de un complemento hasta alcanzar el 100% de los haberes previos a la jubilación voluntaria tras los 60 años.
Se fija un plazo de 6 meses para elaborar una Orden que establezca los importes máximos de financiación de los dietoterápicos, productos ortoprotésicos y transporte sanitario no urgente. Se fija el 30 de Junio de 2012 como fecha límite para la aplicación del nuevo copago farmacéutico.
Se permite la cesión de información tributaria a Sanidad para determinar el grado de participación en el pago de las prestaciones de la Cartera común de servicios.
Se disponen las centrales de compra, planes de ahorro energético, medidas para garantizar la adecuación de los envases a las pautas y tiempo de tratamiento habituales.
Las personas excluidas de la asistencia sanitaria por este RDL podrán seguir accediendo hasta el 31 de Agosto de 2012.
Se deroga el art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social que permitía a los funcionarios locales (médicos, enfermeros, matronas) a hacerse cargo de los servicios sanitarios del régimen general.
Se regula el turismo sanitario mediante modificación de determinadas leyes.
Se modifican las normas para la donación de células y tejidos humanos.
Se determinan las adaptaciones de las recetas oficiales para las distintas aportaciones en función de la renta.