CSIF denuncia que hay casi 3.000 profesionales de la sanidad andaluza de baja por covid-19 y exige al SAS mascarillas FFP2 para toda la plantilla

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20 de enero de 2022

ACTUALIDAD | SANIDAD

• El sindicato lamenta que las bajas se han triplicado en las dos primeras semanas de enero y considera que las medidas de seguridad adoptadas hasta ahora son “insuficientes”
• También espera que la Junta rectifique “con carácter inmediato y permanente” porque, en caso contrario, incumpliría la Ley de PRL y las últimas directrices de la OMS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha exigido a la Junta de Andalucía que adopte todas las medidas necesarias, entre ellas la dotación de mascarillas FFP2 o FFP3, para garantizar la salud de los profesionales de la sanidad. Así lo ha registrado el sindicato en todos los centros de la comunidad tras comprobar el exponencial incremento de contagios y bajas como consecuencia de la variante Ómicron, que ha triplicado el número de afectados en apenas dos semanas. Según el último informe de las autoridades sanitarias, el 14 de enero había 2.846 profesionales en esa situación tras contraer el virus en el ejercicio de su trabajo, frente a los 986 de finales de diciembre, lo cual supone un aumento de 1.860 efectivos (un 188% más). En números absolutos, desde que empezó la pandemia se ha contagiado la quinta parte de la plantilla total: 22.112 trabajadores de 116.919.

Por provincias, Málaga es la que tiene más profesionales de baja (590), seguida de Sevilla (538) y Granada (506). Detrás se encuentran Cádiz (356), Huelva (226), Córdoba (223), Jaén (207) y Almería (200). El aumento ha sido especialmente significativo en Jaén, donde las los casos se han multiplicado por seis, o Granada, donde se han cuadruplicado.

En el escrito registrado este mismo jueves, CSIF denuncia el uso generalizado de mascarilla quirúrgica en lugar de equipos de protección individual y solicita la generalización de mascarillas FFP2 y FFP3, ya que está científicamente demostrado que su grado de protección es mayor y más duradero que la de las quirúrgicas. En este sentido, el sindicato cita que el contagio puede producirse en quince minutos sin mascarilla, en veinte minutos con una de tela y en media hora con una quirúrgica, mientras que ese margen se va a las dos horas y media con la FFP2.

El Sector de Sanidad también denuncia la “inexistente o deficiente formación a los trabajadores” sobre la nueva variante del coronavirus, de ahí que reclame que los profesionales dispongan de esa información. Además, pide una ventilación adecuada y el uso de equipos de alta capacidad de filtración en los lugares de trabajo donde la transmisión aérea del virus suponga un riesgo y no esté garantizada la distancia personal, en consonancia con lo expuesto en el Real Decreto 1076/2021, del pasado 7 de diciembre, que establecía las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

El presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, confía en que la Consejería de Salud y Familias adopte todas estas medidas “con carácter inmediato y permanente”. “Se está produciendo un cambio en las condiciones de trabajo debido a la exposición de los trabajadores a la variante Ómicron, pero la Administración no establece el uso de los equipos de protección individual (EPI) que mayor protección proporcionan. Es patente y notorio que se está produciendo un daño en la salud de los profesionales y que existen indicios de que las medidas de prevención que se están tomando en la actualidad resultan insuficientes”, recalca Girela.

CSIF-A también advierte a la Junta de que, en caso de no llevar a cabo las actuaciones solicitadas, estaría incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó a finales de 2021 relativas al uso de mascarillas por parte de los trabajadores de la salud en entornos donde la ventilación sea deficiente. “El SAS no puede permanecer impasible y mirar para otro lado ante esta lamentable situación”, concluye Girela.

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