CSIF-A insiste en la necesidad de avanzar en la futura Ley de Participación Institucional para adaptar el diálogo social a la realidad actual
ACTUALIDAD | DIÁLOGO SOCIAL
29 de Diciembre de 2021
  • Lamenta que “la fotografía de la Mesa de Diálogo Social siga siendo la misma desde hace 36 años” y reivindica su papel como representante de miles de empleados y empleadas públicas
  • El sindicato se pregunta dónde queda la valentía del autodenominado “gobierno del cambio” y si va a incumplir su compromiso de contar con un modelo de concertación social más moderno en Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha insistido en la necesidad de avanzar en la futura Ley de Participación Institucional con el objetivo de “adaptar el diálogo social a la realidad actual”. Así lo ha expresado Germán Girela, presidente de la organización, quien también ha lamentado que “la fotografía de la Mesa de Diálogo Social sigue siendo la misma desde hace más de 35 años”, en referencia a la reunión de este martes entre el Gobierno andaluz, los sindicatos actualmente representados y la patronal.

En este sentido, el dirigente sindical ha reivindicado “el papel de CSIF Andalucía como agente social y como legítimo representante de miles de empleados y empleadas de la Administración pública, que actualmente no tienen voz en la concertación social”. CSIF cuenta actualmente con casi 80.000 afiliados y afiliadas en la comunidad andaluza, siendo el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con una presencia creciente en el sector privado.

La Central Sindical ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el inicio de la tramitación de la citada Ley a principios de febrero de 2020, días después de que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se comprometiese en sede parlamentaria a hacer realidad una nueva norma. “Pocos pasos se han dado desde entonces. Somos conscientes de que hubo que relegar la iniciativa como consecuencia de la crisis por la COVID-19, pero ya es hora de retomar un asunto de gran calado como este”, ha explicado Girela.

Del mismo modo, el dirigente sindical ha resaltado “la incongruencia del actual Ejecutivo, que subraya la participación como un elemento fundamental para mejorar la calidad de la democracia y, sin embargo, no lo lleva a la práctica”. Girela hace referencia así a la respuesta del Consejo de Gobierno a una proposición de Ley del grupo socialista sobre la participación y colaboración institucional de sindicatos y empresas en Andalucía. “El actual gobierno de Andalucía señala la apertura del diálogo social a un mayor número de agentes como un factor factible y deseable para contar con una Administración más eficiente”, ha explicado Girela, quien ha añadido que “a pesar de estar incluso publicado en el BOPA del 3 de enero de 2020, el Ejecutivo hace oídos sordos, faltando así al respeto a todos los trabajadores y trabajadoras de Andalucía”.

Asimismo, CSIF-A se pregunta dónde queda la valentía del que se hace llamar “gobierno del cambio” y que, sin embargo, “prefiere que todo se quede como estaba y no avanzar en torno a la futura norma para no encontrarse de frente a los agentes sociales actualmente representados, incumpliendo así su compromiso de contar con un modelo de diálogo social más moderno para Andalucía”.

La futura Ley de Participación Institucional es una de las grandes reivindicaciones de CSIF-A, que considera que “es hora de superar la obsoleta Ley de Libertad Sindical de 1985 y de contar con una norma actual, diversa y heterogénea”. Asimismo, Girela ha expresado la necesidad de que “la futura norma aclare cuáles serán los actores presentes en el diálogo social y el papel, los derechos y las obligaciones de cada uno de ellos”.

Por último, Girela, quien ha recordado que CSIF-A ha mantenido diversas reuniones con diversos dirigentes y grupos políticos para intercambiar ideas respecto a este tema, ha subrayado la necesidad de acelerar la tramitación de la Ley de Participación Institucional “para hacer frente a situaciones complejas como la que vivimos ahora, cuando Andalucía se enfrenta a un proceso de recuperación económica, laboral y social en el que es necesario que la representación de los trabajadores y trabajadoras responda a la realidad actual y no a la de hace más de 35 años”.