CSIF-A rechaza la “descabellada” propuesta de la FAMP de incluir la figura del auxiliar de policía en la futura Ley de Policías Locales de Andalucía
• El sindicato considera que esa figura “desnaturaliza” el Cuerpo y acusa a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de “entorpecer” la tramitación de la nueva norma
25 de Octubre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha rechazado la “descabellada” propuesta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) de introducir la figura de auxiliar de Policía Local en la futura ley de Policías Locales de Andalucía. En un escrito conjunto firmado junto a CCOO y UGT, el sindicato denuncia el planteamiento de la FAMP a favor de que los ayuntamientos puedan utilizar a otro personal funcionario municipal para realizar funciones de policía sólo en determinados periodos y considera que sólo es “una traba más” cuyo objetivo es “entorpecer” la tramitación de la futura norma.

CSIF Andalucía lamenta que, después de seis años de negociaciones con la Administración, la única proposición de la FAMP en el seno del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) sea la recuperación de una figura que la Central Sindical ya logró excluir del anteproyecto de ley porque “desnaturalizaba los cuerpos de policía y precarizaba las plantillas” al conceder todas las potestades de agente de autoridad a trabajadores/as sin la cualificación y formación imprescindibles. “La propuesta demuestra la poca importancia que la FAMP da a la seguridad pública de calidad, ya que obvia el tiempo de formación necesario para que la policía realice de forma segura y correcta su amplia gama de funciones”, denuncia el presidente del Sector de Local de CSIF-A, Miguel Ángel Sáenz.

“Además de no tener encuadre jurídico, esa idea resulta completamente ineficaz y no sólo no resuelve la acuciante problemática de la falta de efectivos de la policía local, sino que crea más problemas que soluciones. Más que una propuesta es una traba más por parte de la FAMP para entorpecer la nueva Ley de Las Policías Locales de Andalucía con el objetivo de que no se tramite en esta legislatura”, ha añadido Sáenz, quien ha defendido una ley que profundice en la profesionalización del colectivo policial y que regule un servicio público eficaz y de calidad.

En este sentido, la “verdadera solución es la pronta aprobación” de la Ley y un “rápido desarrollo” a través de los correspondientes decretos, siempre con la participación “de manera activa y de buena fe” tanto de la Junta como de los sindicatos y la propia FAMP.

La nueva ley, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 13 de abril de 2021, sustituye a la Ley de Coordinación de las Policías Locales, que data de 2001 (Ley 13/2001, de 11 de diciembre) y la intención de la Administración es que esté aprobada a finales de este año, según pronosticó el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo.

Según el artículo 11 del anteproyecto, los municipios con 5.000 habitantes o más tendrán un cuerpo de policía local compuesto por cinco agentes como mínimo. En cuanto a las localidades con menos de esa población, podrán asociarse con otros municipios limítrofes para la prestación conjunta de este servicio si por separado no disponen de recursos suficientes para tener su propio cuerpo de policía local

Andalucía cuenta actualmente con algo más de 10.000 policías locales distribuidos en 726 municipios, aunque todavía hay 52 localidades que no disponen de ninguno. El objetivo de la nueva ley es que no haya pueblos en esta situación, como pasa en 16 de Jaén, 9 de Huelva, 7 de Granada y Córdoba, 4 de Almería, 3 de Cádiz y Sevilla y 2 de Málaga. Esta última es también la provincia con mayor número de policías locales (2.399), por delante de Sevilla (2.163). Las siguen Cádiz (1.709), Granada (1.008), Córdoba (847), Almería (738), Huelva (686) y Jaén (663). A todos ellos se suman 67 vigilantes municipales que realizan labores auxiliares de protección y seguridad y cuya situación será regulada por la futura Ley.