CSIF-A insta a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz a que se reforme la Ley Orgánica General Penitenciaria
ACTUALIDAD|PRISIONES
04 de Octubre de 2019
  • El reconocimiento como agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias es una de las principales reivindicaciones presentadas hoy en el Parlamento andaluz
  • El sindicato recuerda que la legislación actual, con 40 años de vigencia, no es suficiente para abordar asuntos como la inmigración ilegal o la trata de blanca

CSIF Andalucía insta a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía a que “hagan un ejercicio de responsabilidad, con el mayor consenso posible y se acuerde una reforma integral de la Ley Orgánica de la Democracia, la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 que cumple 40 años”, explica Miguel Ángel Rojas, responsable de Instituciones Penitenciarias del sindicato.

Se trata de una acción conjunta llevada a cabo por todas las delegaciones de CSIF en todos los parlamentos de España puesto que las nuevas tipologías delictivas han dado como resultado “la aparición de nuevos perfiles criminológicos dentro de la población reclusa”.

Hoy en día, sostiene Miguel Ángel Rojas, “encontramos clanes de grupos paramilitares provenientes de la Europa del Este, sicarios contratados por los cárteles latinoamericanos de drogas, mafias especializadas, inmigración ilegal y un largo etcétera que necesita de una revisión profunda de la legislación vigente para cumplir con el objetivo institucional de la reeducación y reinserción social de los reclusos”.

Así, entre las principales reivindicaciones que realiza el Sector de Instituciones Penitenciarias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía, se encuentra la de modificar infracciones disciplinarias como sanciones a los internos en la que se incluya una nueva catalogación de las infracciones y el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los profesionales penitenciarios.

Además, el sindicato exige la implementación de medidas destinadas a incrementar la protección de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias frente a las eventuales agresiones por parte de internos.

Igualmente, CSIF-A pide el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. “Un agente de la autoridad es cualquier funcionario público que tiene como misión ejecutar las decisiones y mandatos de la autoridad”.

De esta manera, se acabaría con el recelo permanente y constante sobre lo que el funcionariado de prisiones haya realizado sobre los propios partes de hechos que los funcionarios de vigilancia hayan elaborado.