CSIF-A califica de ataque a los empleados públicos andaluces el recurso del Gobierno central a la jornada de 35 horas
ACTUALIDAD | RECURSO
14 de Julio de 2017
CSIF-A califica de ataque a los empleados públicos andaluces el recurso del Gobierno central a la jornada de 35 horas

  • ​El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, lamenta la falta de sensibilidad del Gobierno hacia Andalucía y no descarta la convocatoria de movilizaciones contra la decisión
  • “La restitución de la jornada de 35 horas provocó el aumento del empleo público y de calidad en Andalucía. Parece que este motivo no es suficiente para el Ejecutivo de Rajoy”, asegura
  • Heredia le reclama al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que “pida al Gobierno central que no presente los recursos ni que se suspenda temporalmente la jornada de 35 horas”
  • El presidente de CSIF-A pide “unión de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales para defender y proteger los derechos de los empleados públicos andaluces”

CSIF Andalucía califica de ataque a los empleados públicos andaluces el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la restitución de la jornada de 35 horas anunciada por la Junta de Andalucía tras la presión ejercida por este sindicato.

En este sentido, el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, lamenta “la falta de sensibilidad del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía y hacia los empleados públicos andaluces, que han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta de Andalucía como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años”.

Para Heredia, “la restitución de la jornada de 35 horas provocó el aumento del empleo público y de calidad en Andalucía durante los últimos meses, pero parece que este motivo no es suficiente para el Ejecutivo de Rajoy, insensible ante las cifras de desempleo que tenemos en la Comunidad y ante el grave déficit de puestos de empleo público que tiene la Función Pública andaluza”.

De hecho, según los datos de CSIF-A, los recursos del Gobierno tanto a la jornada de 35 horas como a los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía “provocarán la pérdida de 7.000 a 10.000 puestos públicos de trabajo, dato que viene a ahondar en la gravedad de la decisión para Andalucía, para la Función Pública y para la economía andaluza”.

Así, calificó de “indignante” que el Gobierno decida recurrir la medida “simplemente por un motivo puramente político. No entendemos cómo se vuelve a jugar con los derechos de los empleados públicos andaluces como parte de estrategias políticas o electorales”.

Por último, el presidente de CSIF Andalucía no descartó la convocatoria de movilizaciones contra la decisión del Gobierno central y anunció que CSIF-A “liderará de nuevo la batalla por la restitución de la jornada laboral de 35 horas semanales, promoviendo si es necesario la unión de todas las fuerzas sindicales para lograr en la calle cambiar la insensibilidad del Ejecutivo de Rajoy con los empleados públicos andaluces y con Andalucía”.

RECLAMA QUE NO SE SUSPENDA LA JORNADA

El presidente de CSIF-A también reclama al presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, su intermediación con el Gobierno central y con el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “para que no presente finalmente ambos recursos ante el Constitucional para proteger así los derechos de los empleados públicos andaluces”.

Heredia ha insistido en lo perjudiciales que son los recursos tanto para los empleados públicos como para la economía andaluza: “La medida afectará a más de siete mil empleados públicos que pueden perder su trabajo, así como a la recuperación de nuestra economía” y considera “fundamental que no se suspenda cautelarmente la jornada laboral de 35 horas semanales” y le pide al presidente del PP-A que interceda para que ello no suceda. “Que dejen hablar a los Tribunales antes de suspender la jornada y dañar de nuevo a los Empleados Públicos andaluces”.

Por último, Heredia insiste en que debe haber “unión de todos las fuerzas políticas, sindicales y sociales para defender y proteger los derechos de los empleados públicos andaluces” y por ello trasladará en los próximos días a los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía el malestar del sindicato ante la decisión del Ejecutivo de Rajoy.

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