CSIF lleva a la Junta ante la Fiscalía por el «insufrible» abandono judicial de los Juzgados de Cazalla de la Sierra en Sevilla
04 de Febrero de 2013

La Fiscalía de Sevilla tendrá que determinar si el abandono en el que se encuentran algunas de las sedes judiciales de la provincia es un delito después de que el sindicato CSIF le haya remitido una denuncia en la que sostiene que el estado ruinoso de uno de los inmuebles en peor estado, el de Cazalla de la Sierra, supone un incumplimiento «flagrante» de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La denuncia, remitida al Ministerio Público el pasado martes y a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, se refiere específicamente a la sede judicial de Cazalla de la Sierra , aunque si sale adelante podría abrir la puerta a un aluvión de acciones judiciales, dado el estado general de las infraestructuras de la Administración de Justicia en la provincia.

El escrito de CSIF pone especial énfasis en los reiterados incumplimientos por parte de la Consejería de Justicia e Interior de múltiples requerimientos dictados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los que ordenaba la subsanación de las numerosas deficiencias que presenta el edificio judicial de Cazalla. La Inspección , a instancias igualmente de CSIF, advirtió diversas infracciones en materia de prevención de riesgos laborales y conminó a la Junta a ponerles remedio. Sin embargo, la situación, apunta el sindicato en su denuncia, no ha cambiado lo más mínimo en años.

No sólo ha hecho oídos sordos la Consejería de Justicia a la Inspección de Trabajo. También ha ignorado sistemáticamente las quejas y peticiones del sindicato que ahora ha puesto en manos de la Justicia la precariedad en la que se encuentra ella misma.

La presidenta del sector de Justicia de CSIF, Águila Fernández, que firma la denuncia dirigida a la Fiscalía sevillana, asegura que «ni las razones de cambios políticos, ni económicas que se nos vienen dando » justifican que se haya incumplido la obligación de la Administración andaluza de garantizar la seguridad de los trabajadores destinados en los juzgados de Cazalla de la Sierra y, al mismo tiempo, cumplir la legislación vigente.

El estado en el que se encuentra el edificio que alberga estos órganos representa, advierte al Ministerio Público CSIF, «un peligro y riesgo inminente» para los trabajadores y para los usuarios del edificio judicial, que soporta un abandono «insufrible».

En una de las innumerables denuncias que los representantes sindicales elevaron a los responsables de la Consejería de Justicia, CSIF señalaba, ya en 2010, de hasta una decena de deficiencias. Desde la inexistencia de salidas de emergencia en el edificio a la escasez de espacio para los trabajadores, pasando por barreras arquitectónicas, falta de aire en las dependencias, humedades, filtraciones, problemas en la red eléctrica o peligro de desplome de parte del techo, los problemas del inmueble son conocidos desde hace años.

La propia Consejería de Justicia e Interior es consciente de la situación ruinosa de esta sede y ha anunciado varias veces en los últimos años alternativas para garantizar el funcionamiento de los juzgados de Cazalla y la seguridad de funcionarios y usuarios.

En septiembre de 2011, el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, anunció que la Junta de Andalucía había cerrado el alquiler de una nave a la que iba a trasladar los juzgados de Cazalla, una opción de la que terminó desistiendo.

Luego convocó un concurso el año pasado para arrendar un local en el municipio, pero quedó desierto.

Ante esta denuncia, la Consejería de Justicia informó de que la Delegación del Gobierno de la Junta está estudiando diferentes posibilidades para acometer las obras de mejora necesarias en la sede judicial de Cazalla.

Así, una de las opciones sería ejecutar por fases los trabajos de rehabilitación sin necesidad de trasladar a los funcionarios, aunque tampoco se descarta alquilar un edificio que permitan, por ejemplo, el traslado parcial de los juzgados.

La Inspección de Trabajo ordenó tomar medidas ya en junio de 2011 Justicia anunció el alquiler de un local hace dos años y luego un concurso.