CSI-F llevará a los tribunales la supresión de la paga extra de Navidad a los Empleados Públicos
24 de Julio de 2012

El Tribunal Constitucional portugués declaró ilegal suprimir pagas extras a funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) estudia recurrir en los Tribunales de Justicia la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos, recogida en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

El Comité Ejecutivo Nacional de CSI·F acordó iniciar los trámites necesarios para agotar las vías, tanto administrativa como judicial, a fin de conseguir la nulidad del Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización y reducción del gasto en materia de empleo público, así como instar a los órganos competentes (Defensor del Pueblo, 50 Diputados o 50 Senadores) para que estos incoen recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

CSI·F considera que la medida es discriminatoria ya que no afecta a todos los ciudadanos por igual, sino sólo a quienes cobran un sueldo de la función pública.

CSI·F recuerda una reciente sentencia del Tribunal Constitucional portugués que, utilizando estos mismos planteamientos, declaró ilegal la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas. Los jueces basaron su decisión en que la eliminación de pagas extras vulneraba el principio constitucional de igualdad y, por tanto, es discriminatoria.

CSI·F también comparte el argumento de que el reparto de los sacrificios que suponen estas medidas no se lleva de igual manera entre todos los ciudadanos según sus capacidades financieras, sino únicamente en aquellos que reciben su salario de organismos públicos.
El sindicato independiente insiste en que le supresión de la paga extra de Navidad sobrepasa los términos de la igualdad proporcional y se traduce en un reparto de sacrificios excesivamente desigual, sin respetar las necesarias exigencias de equidad y justicia.
Por supuesto, CSI·F no aceptaría ni pretende que una medida tan brutal y restrictiva (tras 5 mermas salariales en 2 años para los empleados públicos) se extienda a otros colectivos de trabajadores. Nuestro único objetivo es su inmediata retirada.