CSIF Educación Andalucía reclama a la Junta que dote a los docentes de más garantías jurídicas para el desarrollo de las actividades extraescolares

• A raíz de una reciente condena de dos profesores de un IES cordobés por homicidio imprudente tras el desgraciado fallecimiento de un alumno, el sindicato reclama por carta al consejero mayores garantías de responsabilidad civil por parte de la Administración educativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha remitido un escrito al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, en el que reclama “que se propicie la regulación pertinente para dotar al personal docente de mayores garantías jurídicas para el desarrollo de las actividades extraescolares”.

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, argumenta en dicha misiva que “resulta primordial que el profesorado cuente con un mayor respaldo dentro del marco normativo y por parte de la Administración educativa ante casos como el sucedido a dos profesores del IES Colonial de Fuente Palmera (Córdoba), que fueron condenados recientemente por homicidio imprudente tras el desgraciado fallecimiento de un alumno en una excursión a los Baños de Popea en el año 2018”, ha recordado.

De hecho, la responsable sindical ha hecho hincapié en “la situación de desamparo e inquietud generada entre el profesorado” tras conocerse el pasado mes de junio dicha sentencia dictada por el Juzgado de los Penal número 4 de Córdoba, que posteriormente los servicios jurídicos de CSIF, que representa a uno de los docentes afectados, han recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial. CSIF reclama a la Administración mayores garantías para el profesorado en el ámbito de la responsabilidad civil.

Independientemente de este caso concreto que ha generado esta “alarma y sensación de desprotección y vulnerabilidad entre el profesorado”, la presidenta de CSIF Educación Andalucía ha subrayado que “es necesario que se garantice, en general, un mayor amparo y seguridad jurídica para los docentes cuando se desarrollan las actividades extraescolares, que tienen una gran importancia en la formación integral del alumnado, pero que en algunos casos pueden comportar unos riesgos”.

Mayores recursos materiales
“Desde nuestra organización consideramos que es necesaria una normativa que aporte una mayor protección y seguridad al profesorado y al alumnado cuando tengan lugar estas actividades, incluyendo la dotación de mayores recursos materiales”, ha manifestado Elena García.

“No basta con la buena voluntad y la solidaridad porque, cuando llegan este tipo de situaciones, es el personal docente el que las sufre directamente y, además que tener que vivir y afrontar hechos luctuosos como el ocurrido en el mencionado caso, se ve envuelto en procesos judiciales que duran años y que hacen mella en su día a día”, ha concluido la dirigente sindical.

“Si existe una desprotección flagrante en responsabilidad civil y penal del profesorado, lo más sensato sería evitar los posibles riesgos”, argumenta García, quien, no obstante, lamenta que “quien saldría perdiendo sería el alumnado en su desarrollo integral, puesto que en este tipo de actividades se trabajan aspectos tales como relaciones sociales, autonomía, cohesión del equipo, autoconfianza y mejora de la convivencia”, ha concluido.